Los Cuatro de Guayaquil: la Fiscalía pidió hasta 34 años de prisión para los militares

El juicio por el denominado caso Las Malvinas (también conocido como Los Cuatro de Guayaquil) entró en su tramo decisivo luego de que concluyeran los alegatos finales de las partes y el Tribunal Penal de Guayaquil anunciara que la sentencia se conocerá el 22 de diciembre de 2025.

El proceso investiga la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad en Guayaquil, un expediente que se ha convertido en uno de los más sensibles del último año por el involucramiento de agentes estatales y por el impacto social que provocó en el país.

En la fase final, la Fiscalía sostuvo que existió un procedimiento ilegal que derivó en la privación de libertad de los menores y pidió al Tribunal que imponga las penas más altas para quienes considera autores directos. El fiscal del caso solicitó 34 años y ocho meses de prisión para el subteniente John Henry Z. E., a quien señaló como principal responsable. El medio detalló que, en la teoría fiscal expuesta ante los jueces, el oficial habría conducido a las víctimas hacia una zona apartada de Taura (Naranjal, Guayas) y habría ejercido agresiones e intimidaciones durante el operativo.

La acusación fiscal también incluyó pedidos diferenciados para otros procesados. Para los cinco militares que se acogieron a un mecanismo de cooperación eficaz se solicitó una pena reducida de 30 meses de prisión. En paralelo, el Ministerio Público pidió una condena de siete años para un teniente coronel procesado como presunto cómplice, en el marco de la misma causa.

Una vez terminada la etapa de alegatos, el Tribunal comunicó la fecha en la que dará lectura a su resolución, dejando el caso en deliberación. Con ello, el expediente queda a la espera de que los jueces valoren, en su conjunto, los testimonios, peritajes y demás elementos incorporados durante el juicio, así como las tesis contrapuestas de Fiscalía, acusación particular y defensas.

El proceso se originó a partir de los hechos registrados en diciembre de 2024. La investigación sostiene que tres adolescentes y un niño habrían sido interceptados por una patrulla militar y trasladados en un vehículo de la institución; y que días después se hallaron cuerpos calcinados en Taura, dentro del curso de indagaciones orientadas a esclarecer responsabilidades.

En el tramo final del juicio, la Fiscalía insistió en que la gravedad del delito imputado —desaparición forzada— exige sanciones proporcionales y recordó que el tipo penal se vincula a la intervención de agentes estatales o a su aquiescencia. El Ministerio Público formalizó ante el Tribunal su pedido de pena para el subteniente procesado como presunto autor, en línea con la solicitud de 34 años y ocho meses que se expuso en audiencias recientes.

En esta fase, la expectativa se concentra en cómo el Tribunal calificará la participación individual de cada procesado, en un caso con pedidos de pena diferenciados y con versiones contrapuestas sobre lo ocurrido tras la retención de los menores. La sentencia que se lea en audiencia deberá pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia, la tipificación aplicable y, de ser el caso, las penas y medidas adicionales que correspondan. La decisión también marcará la ruta procesal posterior: en el sistema penal ecuatoriano, las partes pueden impugnar el fallo a través de los mecanismos previstos en la ley, lo que abre la posibilidad de que el expediente continúe en instancias superiores.

A la espera de la sentencia, las familias han seguido el proceso con atención pública, mientras organizaciones y observadores han señalado el caso como un termómetro sobre el control judicial de eventuales abusos en contextos de seguridad. Los padres de los niños han solicitado las disculpas públicas, sobre todo por la campaña de desprestigio, que incluso hoy continúa, y que trata de justificar la desaparición y asesinato de los niños diciendo que los menores eran criminales.