La Policía brasileña desplegó este martes una operación de gran escala contra el denominado “corazón financiero” del Comando Vermelho (CV), una de las mayores organizaciones criminales del país, y logró bloquear bienes y cuentas por un valor estimado de 600 millones de reales, unos 100 millones de dólares, según informaron las autoridades del estado de Río de Janeiro.
El operativo se desarrolló de manera simultánea en los estados de Río de Janeiro, sede histórica de la facción, Minas Gerais y Mato Grosso. De acuerdo con la Policía Civil fluminense, los agentes realizaron allanamientos en múltiples direcciones, incautaron dispositivos electrónicos y documentación, y embargaron bienes muebles e inmuebles vinculados a una compleja trama de lavado de dinero.
La investigación permitió establecer que el Comando Vermelho no depende únicamente de los ingresos derivados del narcotráfico. Según los investigadores, la organización montó a lo largo de los años un sistema financiero paralelo destinado a recibir, ocultar y mover recursos ilícitos dentro del sistema bancario formal, con el objetivo de sostener su estructura criminal y reducir la exposición de sus principales líderes.
Ese flujo de dinero es clave para financiar la compra de drogas, armas y vehículos, así como para adquirir propiedades y garantizar el control territorial en barrios y favelas bajo influencia del grupo. En esas zonas, el CV también obtiene ingresos mediante la extorsión sistemática de los residentes, a quienes impone el pago de servicios como internet, televisión por cable y transporte informal.
El foco de la operación fue precisamente asfixiar ese circuito económico. Las autoridades señalaron que el objetivo es “provocar el colapso de la caja” de la facción, desmantelando el entramado financiero que permite su funcionamiento cotidiano y su capacidad de expansión.
La Policía identificó como figuras centrales del esquema a Edgar Alves de Andrade, alias Doca, señalado como uno de los máximos líderes del Comando Vermelho, y a Carlos da Costa Neves, conocido como Gardenal, considerado su principal operador financiero. Ambos habrían estructurado la red de blanqueo mediante el uso de testaferros y empresas fantasma.
Según la investigación, personas vinculadas al tráfico de drogas realizaban depósitos en efectivo de forma fraccionada y en distintas sucursales bancarias para evitar alertas automáticas y controles antilavado. Posteriormente, los fondos eran transferidos a cuentas radicadas en otros estados, lejos de las zonas donde la actividad del narcotráfico resulta más visible.
Ese desplazamiento geográfico del dinero buscaba, de acuerdo con la Policía, reducir la exposición directa de los líderes criminales y dificultar el rastreo de los recursos por parte de las autoridades financieras y judiciales.
La acción forma parte de la Operación Contenção (Contención), una estrategia impulsada por el Gobierno del estado de Río de Janeiro, encabezado por el gobernador Cláudio Castro, para frenar la expansión territorial del Comando Vermelho y otras facciones criminales en áreas urbanas y periurbanas.
El operativo se inscribe en un contexto de creciente violencia asociada a las intervenciones policiales en favelas. El pasado 28 de octubre, una de las fases de esa misma operación terminó con la muerte de al menos 122 personas, en su mayoría presuntos integrantes del Comando Vermelho, en dos complejos de favelas de Río de Janeiro. Fue la acción policial más letal registrada hasta ahora en la historia del país.
Ese antecedente ha reavivado el debate en Brasil sobre los límites del uso de la fuerza, la eficacia de las políticas de seguridad centradas en la confrontación armada y la necesidad de atacar las bases económicas del crimen organizado. Para las autoridades, el golpe al sistema financiero del CV representa un cambio de énfasis: menos énfasis en la ocupación armada del territorio y más en la desarticulación de los flujos de dinero que sostienen a las organizaciones criminales.
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