La Corte Suprema autorizó a Jair Bolsonaro a realizarse un examen médico en la celda de la Policía Federal

El máximo tribunal brasileño permitió que un equipo realice el estudio, con el fin de evaluar una posible hernia y determinar si requiere intervención quirúrgica

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El ex presidente brasileño Jair
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro sale del hospital donde fue sometido a un procedimiento de cirugía de piel, autorizado por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, el 14 de septiembre de 2025 (REUTERS/Adriano Machado)

La Corte Suprema de Brasil autorizó a Jair Bolsonaro, ex presidente y actualmente detenido, a realizarse una ecografía en la sede de la Policía Federal, donde cumple condena tras ser sentenciado a 27 años de prisión.

El juez Alexandre de Moraes, encargado del proceso en el Supremo Tribunal Federal (STF) dio luz verde para que se utilice un dispositivo portátil de ultrasonido directamente en la habitación donde Bolsonaro permanece bajo custodia, con el objetivo de diagnosticar la posible presencia de una hernia inguinal bilateral y definir la necesidad de intervención quirúrgica.

Esta decisión llega luego de que la defensa del ex mandatario solicitara permiso para trasladarlo a un hospital y someterlo a la operación, argumentando problemas de salud persistentes.

De Moraes, al fundamentar la autorización, recordó que médicos previamente autorizados pueden acudir a atender a Bolsonaro a la sede policial, sin necesidad de notificación adicional, siempre y cuando se respeten las normas legales y judiciales vigentes.

Bolsonaro, de 70 años, arrastra secuelas importantes en su salud. A los episodios periódicos de hipo y el diagnóstico de un cáncer de piel en fase inicial, se suman complicaciones por múltiples cirugías abdominales realizadas desde que fue apuñalado en 2018 en plena campaña electoral.

El juez de la Corte
El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, asiste a una sesión durante la fase final del juicio al ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado)

El ex presidente está recluido en instalaciones de la Policía Federal desde finales de noviembre, después de ser detenido por intentar evadir una orden judicial cortando la tobillera electrónica que debía portar. Desde entonces, tanto su equipo legal como su familia han solicitado formalmente que se le conceda el beneficio de prisión domiciliaria humanitaria, alegando que el cuadro médico de Bolsonaro es incompatible con la continuidad en régimen cerrado.

El ex mandatario brasileño deberá cumplir al menos siete años y medio en régimen cerrado antes de poder optar a una reducción de su condena, según cálculos oficiales de la Justicia.

Un documento del Juzgado de Ejecuciones Penales de Brasilia, enviado a la Corte Suprema, determinó que Bolsonaro podrá pedir el beneficio de prisión semiabierta a partir del 24 de abril de 2033. Si esa solicitud es aprobada, el ex mandatario —que tendrá entonces 78 años— podrá salir de día para trabajar o estudiar, pero estará obligado a regresar a prisión para dormir.

La misma resolución judicial señala que el condenado quedaría habilitado para solicitar la libertad condicional el 13 de marzo de 2037, cerca de cumplir 82 años, siempre y cuando respete las restricciones y cumpla los requisitos establecidos en el régimen penal brasileño.

Imagen de archivo del ex
Imagen de archivo del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro bajo arresto domiciliario en su casa en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

El documento judicial aclara que Jair Bolsonaro comenzó oficialmente a cumplir su condena el 4 de agosto, cuando la Suprema Corte ordenó su detención domiciliaria tras comprobar que había violado medidas restrictivas impuestas previamente. Según la resolución, la fecha estimada para la culminación total de la pena es en 2052.

No obstante, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el miércoles pasado un proyecto de ley que podría recortar drásticamente la condena contra el referente del Partido Liberal. Si la iniciativa se aprueba en el Senado, el ex presidente, podría ver reducida su pena a poco más de dos años.

La propuesta recibió el respaldo de 291 diputados, mientras que 148 votaron en contra y se registró una única abstención. El texto, que beneficiaría también a otros implicados en los hechos de 2022, establece que los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado no pueden acumularse, al considerarlos figuras penales similares.

Así, solo se aplicaría la condena de mayor gravedad: la de golpe de Estado, que prevé hasta 12 años de prisión y descartaría sumar los hasta ocho años que fijaba el otro cargo.

(Con información de EFE)

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