
Una organización nicaragüense dedicada a la defensa de los derechos humanos señaló públicamente a 126 personas como responsables de violaciones a los DDHH y crímenes cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
La lista, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue presentada en Costa Rica en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, con el objetivo de visibilizar a los perpetradores y promover la memoria histórica.
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La denuncia, realizada por el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, identifica a Ortega y Murillo como principales responsables, junto al comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés, y el director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz.

Además, la organización ha documentado a 26 altos funcionarios y a otras 100 personas subordinadas, a quienes se les atribuyen distintos grados de responsabilidad en la represión estatal.
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Según la activista Linda Núñez, integrante del equipo de Educación y Memoria del colectivo, la identificación de los responsables se basa tanto en informes de organismos internacionales como en testimonios directos de las víctimas. Núñez subrayó: “Cada uno de estos perpetradores son identificados por distintos organismos internacionales (...) o también han sido nombrados por las víctimas que han sufrido todas las violaciones”.
El contexto de la represión en Nicaragua, según la organización, se ha desarrollado en varias fases desde 2018. La primera etapa, denominada “rebelión cívica”, abarcó de abril a septiembre de ese año y se caracterizó por la respuesta violenta del Estado ante las protestas ciudadanas.
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Posteriormente, se instauró un Estado policial, con la institucionalización de la represión y el aislamiento del régimen tras su salida de organizaciones internacionales.
Otra fase relevante ha sido el ataque a la libertad religiosa, que ha resultado en el cierre de 1.326 organizaciones religiosas hasta octubre de 2025, dentro de un total de 6.500 organizaciones clausuradas en todo el país.
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El periodo de las confiscaciones afectó a medios de comunicación, universidades, iglesias y empresarios, acompañado del despojo de nacionalidades. Además, la represión ha tenido un alcance transnacional, con ocho muertes documentadas fuera de Nicaragua.
La lista de responsables y la cronología de la represión se exhiben en el Museo de la Memoria: Lo que no debemos olvidar, ubicado en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica.
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Este espacio busca preservar y compartir la memoria de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua entre 2018 y 2025. El museo ofrece visitas programadas y guiadas, con inscripción previa en línea, y presenta una narrativa dividida en fases que permite a los visitantes comprender la evolución de la represión y sus consecuencias.
Según Núñez, el objetivo de la exposición es “exponer el rostro de los violadores a los derechos humanos, porque así como las víctimas tienen nombres, los perpetradores también tienen nombre”.
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En la última sección del museo, la organización invita a los asistentes a reflexionar sobre las alternativas para avanzar hacia la justicia y la reconstrucción del país, abriendo un espacio para imaginar nuevas acciones que permitan forjar una Nicaragua diferente.
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