Los tres principales candidatos presidenciales de Honduras cerraron sus campañas con acusaciones mutuas de fraude y bajo la atención de misiones internacionales que buscan garantizar un proceso libre de irregularidades en los comicios del 30 de noviembre.
Más de seis millones de hondureños están habilitados para votar en unas elecciones generales que renovarán la Presidencia, el Congreso y las alcaldías. El país enfrenta un ambiente político polarizado y una disputa abierta entre tres figuras con alto nivel de respaldo en las encuestas: Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PL); Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN); y Rixi Moncada, candidata de Libertad y Refundación (Libre) y representante del oficialismo.
Moncada afirmó ante sus seguidores que “la lucha es el domingo 30 entre dos modelos: el modelo de la oligarquía y el modelo socialista democrático”. La aspirante oficialista, abogada y cercana a la presidenta Xiomara Castro, promete continuidad respecto del proyecto político impulsado por el ex presidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009.
Por su parte, Asfura, empresario del sector de la construcción, llamó a una movilización masiva hacia las urnas. Solicitó concurrencia “a los centros de votación, con firmeza, con valor, con coraje, sin miedo” y sostuvo que su espacio político no aceptará “ideologías fracasadas”, en clara referencia a Moncada y al partido gobernante.
Nasralla, un conocido conductor de televisión e ingeniero civil industrial, denunció presuntas agresiones contra una caravana de simpatizantes y decidió cancelar su acto de cierre en Tegucigalpa. El candidato responsabilizó al partido Libre por los incidentes. Acusó a Moncada de “comprar voluntades”, impulsar un supuesto fraude y contar con el respaldo de gobiernos extranjeros, específicamente de Cuba y Venezuela.
Tanto Nasralla como Asfura manifestaron su preocupación por la posibilidad de que el oficialismo intente manipular el resultado mediante el uso de fuerzas militares. Señalaron la posibilidad de un operativo destinado a favorecer a la candidata del gobierno. Moncada, en cambio, afirmó que sus rivales cuentan con el respaldo del “poderoso sector económico que derrocó a Zelaya”.
La tensión política adquirió mayor notoriedad tras un accidente carretero que ocurrió después de los cierres de campaña. Un camión que transportaba seguidores del Partido Nacional y del Partido Liberal arrolló motociclistas y terminó fuera de la vía tras perder el control en el municipio de Colinas, departamento de Santa Bárbara.
“El saldo preliminar es de ocho personas fallecidas y 50 heridas”, informó a la AFP el vocero policial Gregorio Cornejo. Indicó que las autoridades abrieron una investigación destinada a esclarecer las causas del accidente.
En medio de este clima, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el traslado del material de votación hacia los 18 departamentos del país, bajo custodia militar según lo establece la legislación hondureña. Las tareas preparatorias se desarrollan bajo estricta vigilancia debido a los señalamientos cruzados entre los candidatos y la preocupación de la comunidad internacional.
La persona que resulte electa asumirá el 27 de enero de 2026 y reemplazará a Xiomara Castro, la primera mujer en ocupar la Presidencia de Honduras, quien concluirá su mandato de cuatro años.
La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) enviaron misiones de observación para supervisar el proceso electoral. Además, nueve congresistas de Estados Unidos —siete republicanos y dos demócratas— también se desplegarán en el país con el objetivo de monitorear los comicios. Estas delegaciones buscan garantizar transparencia y un desarrollo adecuado de la jornada electoral en un contexto de elevada desconfianza política.
(Con información de AFP)
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