El presidente Daniel Noboa designó este 20 de noviembre a la asambleísta Nataly Morillo como nueva ministra de Gobierno, según confirmó la Secretaría General de Comunicación. Para asumir el cargo, la legisladora tuvo que renunciar a su curul, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La designación se produce en medio de un proceso de recomposición del gabinete tras la derrota del Gobierno en la consulta popular del 16 de noviembre. Sin embargo, pese al anuncio inicial de una “crisis de gabinete”, el Ejecutivo ha optado por rotar a varios secretarios y ministros dentro de su propio círculo político, lo que ha generado cuestionamientos sobre la falta de cuadros disponibles para ocupar las carteras más relevantes.
Morillo llega al Ministerio de Gobierno después de un breve paso por la Asamblea Nacional, a la que accedió en noviembre de 2023 tras la muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso. Su ingreso fue particular: era la alterna del exministro del Interior Patricio Carrillo, quien había ganado la curul como parte del movimiento Construye, el mismo que impulsó la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio. Carrillo no pudo posesionarse debido a un impedimento administrativo relacionado con su paso previo por el Ejecutivo, por lo que Morillo asumió en su lugar.
Ya dentro del Legislativo, Morillo se distanció de Construye y anunció públicamente su incorporación al movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), desde donde respaldó la agenda del Gobierno. En la Asamblea participó en iniciativas vinculadas a seguridad ciudadana y llegó a ocupar la vicepresidencia de la Comisión de Fiscalización.
El nombramiento de Morillo se concreta tras un episodio que generó incomodidad dentro del propio oficialismo. Horas antes, trascendió que el radiodifusor quiteño Álvaro Rosero sería designado ministro de Gobierno. Rosero, un empresario cercano al Ejecutivo, finalmente no pudo asumir debido a que mantenía deudas patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), lo cual constituye un impedimento expreso para ejercer cargos públicos. La Secretaría de Comunicación no explicó oficialmente el cambio, pero confirmó que la opción final para el cargo fue Morillo.
De acuerdo con el boletín 190 de la Secretaría General de Comunicación, Morillo tiene más de una década de experiencia en instituciones públicas vinculadas a la comunicación estatal. En el sector público, comenzó como servidora pública 1 en la Secretaría de Comunicación y posteriormente dirigió áreas de comunicación en el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno.
En 2022 fue asesora y jefa del Despacho del Ministerio del Interior y luego se desempeñó como gerente nacional de Comunicación de CNT EP, una de las empresas públicas más grandes del país. Según el Gobierno, su trayectoria combina labores de comunicación institucional con trabajo territorial en temas de seguridad y educación.
Morillo es licenciada en Comunicación Social con mención en Periodismo Investigativo por la Universidad Politécnica Salesiana y tiene un máster en Comunicación y Marketing Político, además de un diplomado en Marketing y Negocios Digitales.
La llegada de Morillo al Ministerio de Gobierno ocurre en un momento en el que la administración Noboa enfrenta presiones políticas y cuestionamientos por la gestión interna del gabinete. Analistas y expertos en administración pública han señalado que la rotación de funcionarios dentro del propio entorno del presidente refleja una limitada disponibilidad de perfiles técnicos o políticos para asumir responsabilidades de alto nivel. Tras la derrota en la consulta popular, el Ejecutivo anunció una “reorganización integral” del gabinete; sin embargo, la mayoría de cambios han consistido en traslados de ministros a otras carteras.
El Ministerio de Gobierno es una de las entidades clave para la relación del Ejecutivo con la Asamblea, la seguridad interna y el manejo político del país. Morillo asume esta responsabilidad en un contexto marcado por tensiones legislativas, crisis de seguridad y un escenario político fragmentado.
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