El ex ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, enfrentará desde este martes un juicio cerrado por cargos de espionaje y corrupción, en uno de los procesos más opacos y emblemáticos que afronta la cúpula del poder comunista en los últimos años.
El Tribunal Supremo Popular anunció que solo las partes y personas previamente autorizadas tendrán acceso a la vista oral, bajo el argumento de “razones de seguridad nacional”.
La decisión, habitual en el sistema judicial cubano, restringe por completo la fiscalización ciudadana y mediática, como parte del férreo control del régimen sobre la información y la justicia.
Gil, figura decisiva en las reformas económicas y hombre de confianza del dictador cubano Miguel Díaz-Canel, desapareció de la vida pública tras su destitución en febrero de 2024. Su caída fue atribuida inicialmente a “graves errores” en la gestión, sin mayores explicaciones.
Recién un año y siete meses después, la Fiscalía cubana informó de una suma de once cargos contra el ex funcionario, entre ellos espionaje, malversación, tráfico de influencias y lavado de activos.
El proceso legal se mantuvo oculto hasta la última etapa, privando a la población cubana de información sobre el caso y sobre el destino de quien fuera uno de los hombres más poderosos del régimen.
La dictadura cubana asegura que se sigue el debido proceso, aunque la justicia es reconocida por su falta de independencia, subordinada al Partido Comunista y sin instancias de apelación autónoma.
“En cumplimiento del debido proceso, los abogados y el acusado han tenido acceso al expediente y a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, y entregaron las conclusiones de la Defensa”, comunicó el Tribunal. Amnistía Internacional y otros organismos han denunciado reiteradamente la ausencia de garantías en los juicios por corrupción y delitos políticos en la isla.
Alejandro Gil, arquitecto de la polémica Tarea Ordenamiento de 2021, impulsó las medidas económicas más restrictivas y controvertidas del castrismo en las últimas décadas. Bajo su mando, se decretó el fin de la doble moneda, grandes aumentos de los combustibles –que llegaron hasta el 400%– y una frágil apertura a pequeños emprendimientos privados tras más de medio siglo de prohibición total.
El colapso de la economía y el deterioro de las condiciones de vida tras estas reformas generaron amplio descontento social y abrieron un escenario de profunda inestabilidad interna que el régimen buscó atajar con severos controles y represión.
Al salir de la cúpula gobernante, Gil perdió sus privilegios y fue aislado sin explicación oficial, repitiendo una práctica habitual de las purgas dentro del castrismo.
El caso recuerda al del general Arnaldo Ochoa en 1989, ejecutado tras un proceso igualmente sin garantías y denunciado por la sociedad civil como un ejemplo de ajuste de cuentas y castigo ejemplarizante por parte de la elite. En ambos casos, la opacidad y el secretismo primaron sobre la transparencia y la justicia imparcial.
Entre los delitos enumerados por la Fiscalía aparecen, además de espionaje y malversación, falsificación de documentos, evasión fiscal, cohecho y daño a documentos oficiales, acusaciones graves cuya investigación y prueba quedarán fuera del escrutinio público.
El código penal cubano contempla penas que van de 10 años de prisión a la pena de muerte por espionaje, aunque rara vez se cuenta con defensas independientes o posibilidades reales de absolución.
La figura de Gil ilustra el ciclo de ascenso y caída de los tecnócratas del régimen, promovidos por su lealtad y descartados frente al menor signo de crisis, como chivos expiatorios del fracaso sistémico.
(Con información de EFE y Reuters)
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