
Tras salir de la cárcel de Miraflores, la ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Añez (2019-2020) anunció que iniciará procesos judiciales contra quienes promovieron las causas que la llevaron a estar detenida en prisión por casi cinco años.
“Tienen que ser enjuiciados, tienen que pagar por todo lo que han hecho y ojalá eso suceda porque lo que viví fue una experiencia tan dolorosa y no quisiera que lo viva ninguna otra persona”, manifestó Añez en referencia al presidente Luis Arce, Evo Morales y otras ex autoridades e instancias estatales.
“Fueron instituciones como la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno, con sus abogados, su gente y políticos como Evo Morales, quienes violaron mis derechos”, manifestó en un contacto con los medios locales al llegar a su vivienda en La Paz.
Luego de dejar el Gobierno, la ex mandataria enfrentó una serie de juicios y una sentencia de diez años por la forma en la que asumió el Gobierno en 2019 tras la renuncia de Morales en medio de acusaciones de fraude electoral.

Ese fallo fue anulado el miércoles por el Tribunal Supremo de Justicia y los otros cargos por los que cumplía detención preventiva fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para que sean tratados mediante juicio de responsabilidades, un mecanismo exclusivo para mandatarios y altas autoridades.
Uno de los ejes de discusión en todo este tiempo fue la forma en la que Añez fue enjuiciada. El ex ministro de Justicia, Iván Lima, reveló en una entrevista que la decisión de procesarla por la vía ordinaria respondió a un “capricho de Evo Morales”.
En sus primeras palabras tras recuperar la libertad, Añez denunció haber sido tratada “como la peor delincuente” y se declaró víctima de “una competencia de acusaciones”. Defendió su inocencia y dijo que siempre actuó de buena de fe.
“Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria, cuando mi patria lo necesitó. Ese es el compromiso que todo boliviano que ama a su patria tiene que hacer, yo lo asumí aun sabiendo que en algún momento iba a tener un costo”, manifestó al dejar el penal de Miraflores.

Áñez fue sentenciada en junio de 2022 acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado y asumir la Presidencia del Estado tras la renuncia de Morales. La crisis política fue interpretada por los leales al Gobierno como un “golpe de Estado” mientras que la oposición consideraba que fue consecuencia de un fraude electoral en los comicios fallidos de 2019.
Desde su detención, diversos organismos de derechos humanos expresaron su preocupación por el proceso judicial y por las condiciones en las que permanecía privada de libertad.
En Bolivia, el caso desató intensas discusiones sobre la judicialización del conflicto político, la forma en que asumió el poder y las represiones militares durante las primeras semanas de su gobierno en las que murieron más de 30 civiles y que fueron calificadas como “masacres” en un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Su excarcelación también generó controversia. Mientras activistas anunciaron acciones ante organismos internacionales para exigir justicia por las víctimas de su Gobierno, otros actores políticos, dentro y fuera de Bolivia, celebraron lo que consideran que constituye un acto de reparación judicial.
La salida de Añez de prisión, y las liberaciones previas de los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari que enfrentaban cargos vinculados a las protestas sociales previas a la renuncia de Morales, vuelven a poner sobre la mesa de debate la independencia judicial en Bolivia.
Para el analista y consultor en comunicación política Carlos Saavedra, el giro en las decisiones judiciales responde a la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el inicio de un nuevo ciclo político en Bolivia.
“Lo que ha hecho la Justicia es darle la espalda al MAS y liberar a tres iconos de la oposición”, explicó en un diálogo anterior con Infobae y subrayó que el Poder Judicial ha estado siempre subordinado a los intereses del Poder Ejecutivo. “La reflexión es que urge una reforma de la Justicia para que deje de ser el látigo con el que se castiga al opositor”, apuntó.
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