En una operación militar de gran escala, las Fuerzas Armadas de Ecuador ejecutaron un bombardeo masivo en el sector de La Chonta, cantón Pucará, provincia del Azuay –al sur del país, como parte de la ofensiva denominada Tormenta de Fuego. La acción, desarrollada el 3 de noviembre de 2025, tuvo como objetivo neutralizar las estructuras logísticas y operativas de grupos vinculados a la minería ilegal. Según el Ministerio de Defensa, se destruyeron 12 hectáreas de campamentos, procesadoras y bocaminas, tras una evacuación preventiva de los habitantes del área.
El operativo fue ejecutado por alrededor de 1.500 efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quienes actuaron por aire y tierra mediante maniobras de control y aseguramiento. De acuerdo con el comunicado oficial, se empleó artillería pesada y munición de alto poder y precisión para garantizar la completa desarticulación de las estructuras criminales. La zona intervenida, ubicada en una región montañosa y de difícil acceso, había sido identificada por los servicios de inteligencia como un enclave estratégico para redes dedicadas al contrabando de armas, extorsión y microtráfico.
Fuentes militares señalaron que el operativo fue precedido por labores de inteligencia que detectaron la presencia de células relacionadas con el grupo delictivo “Los Choneros”, que operaban bajo la fachada de actividades mineras. La intervención, según Defensa, forma parte de una estrategia sostenida para cortar los flujos financieros de las economías ilícitas que afectan al país. “Se recupera el control total del territorio y se evita la expansión de las economías delictivas”, indicó el boletín del Ministerio de Defensa Nacional.
La zona de Pucará, históricamente afectada por la minería ilegal de oro, ha sido escenario de múltiples operaciones de seguridad en los últimos años. Sin embargo, Tormenta de Fuego constituye una de las intervenciones más contundentes de los últimos meses en la Sierra sur del país. El Gobierno destacó que, antes de las detonaciones, se efectuó la evacuación preventiva de los pobladores con el fin de resguardar su seguridad.
El Ministerio de Defensa aseguró que la ofensiva es parte de la estrategia integral del Bloque de Seguridad, conformado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado. La iniciativa busca consolidar el control territorial en zonas donde confluyen actividades ilegales vinculadas al crimen organizado. “El control territorial, la restitución del orden y la recuperación de las zonas afectadas son pilares de nuestra estrategia nacional”, precisó la cartera.
En paralelo, la Fiscalía General del Estado ha abierto una línea de investigación para determinar la procedencia de los equipos destruidos y las posibles redes de financiamiento detrás de la extracción ilegal. Autoridades locales del Azuay confirmaron que las operaciones mineras clandestinas en la zona estaban generando conflictos con comunidades agrícolas y afectaciones a fuentes de agua que abastecen a varias parroquias.
La ofensiva militar se enmarca en el contexto del denominado “conflicto interno armado” decretado por el Gobierno de Daniel Noboa en enero de 2024, que faculta a las Fuerzas Armadas a intervenir directamente contra grupos catalogados como terroristas o vinculados al crimen organizado. Desde entonces, se han registrado más de 60 operaciones conjuntas en distintas provincias del país, principalmente en Esmeraldas, El Oro, Zamora Chinchipe y Azuay.
La minería ilegal de oro en Ecuador se ha consolidado como una de las principales fuentes de financiamiento de redes criminales y un vehículo para el lavado de activos. La extracción ilegal de oro no solo destruye ecosistemas frágiles, sino que también se integra a circuitos de comercio internacional mediante intermediarios que blanquean el mineral en mercados formales, mezclándolo con producción legal. Este fenómeno ha despertado alertas regionales sobre flujos financieros ilícitos que podrían estar relacionados con contrabando, tráfico de armas y narcotráfico
El Ministerio de Defensa reiteró que las acciones continuarán en otras zonas del país donde se detecten focos de minería ilegal, considerados como una amenaza directa a la seguridad nacional y a la estabilidad económica. “El Estado ecuatoriano mantiene su decisión de sostener una ofensiva constante contra todas las formas de crimen organizado”, subrayó la institución en su comunicado.
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