Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron este jueves que el régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, rinda cuentas por graves violaciones de derechos humanos, incluidas acusaciones de crímenes de lesa humanidad. Por primera vez, la represión nicaragüense fue denunciada ante la Asamblea General de la ONU como parte de un patrón sistemático iniciado tras las protestas de 2018.
Ortega y Murillo consolidaron un control absoluto del poder, restringieron libertades civiles y desarticularon la oposición. Después de las manifestaciones de 2018, que dejaron cerca de 300 personas muertas, el régimen nicaragüense calificó aquellos hechos como un intento de golpe de Estado respaldado por Estados Unidos.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua instó a los países miembros de la ONU a reclamar la rendición de responsabilidades a Ortega y Murillo por su presunta participación en “ejecuciones extrajudiciales”, “desapariciones forzadas” y “torturas”. El líder del grupo, Jan-Michael Simon, acusó públicamente a los copresidentes nicaragüenses de haber retirado la nacionalidad y confiscado los bienes de opositores, extendiendo la represión hacia el exterior mediante la comisión de crímenes internacionales.
Ariela Peralta, integrante del grupo, sostuvo en un comunicado que “la comunidad internacional no debe limitarse a ser testigo; debe adoptar medidas concretas —acciones legales, enjuiciamientos y sanciones selectivas—”.
El grupo recordó el asesinato ocurrido en junio en Costa Rica del mayor retirado Roberto Samcam, opositor exiliado, y advirtió que no descarta la intervención de autoridades nicaragüenses en ese crimen. Reed Brody, experto del panel, señaló que “el gobierno ha construido una maquinaria de persecución que sigue a sus ciudadanos en el extranjero” y que los exiliados “viven en constante miedo”.
El informe de la ONU cuenta con el apoyo de la Unión Europea (UE) y países latinoamericanos como Chile, Brasil y México, y exhorta a que el caso de Nicaragua sea llevado ante la Corte Internacional de Justicia.
La representante del gobierno nicaragüense ante la Asamblea, Eleane Pichardo, apoyada por naciones como Venezuela, Cuba, Corea del Norte, China, Irán y Rusia, rechazó el informe y sostuvo que carece de legitimidad, justificando que este tipo de denuncias propician “agresiones” externas contra el país centroamericano.
Estados Unidos anunció que evalúa la introducción de aranceles de hasta 100% a productos nicaragüenses en respuesta a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega y Murillo, decisión que podría impactar la economía nacional.
Organizaciones opositoras reportaron que Daniel Ortega, quien ocupa la presidencia desde 2007 y cuenta con antecedentes de gobierno en la década de 1980, enfrenta actualmente serios problemas de salud. Estas fuentes aseguran que Rosario Murillo, de 74 años, avanza en una purga interna para consolidar una sucesión dentro del oficialismo.
Por otra parte, la copresidenta Murillo anunció el lunes pasado en Managua que el próximo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, mil presos comunes con sentencia firme serán excarcelados para pasar al régimen de convivencia familiar, incrementando a 8.400 el número de beneficiados durante 2024.
Las liberaciones se darán en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, conocida como “La Modelo”, ubicada en las afueras de Managua, además de otras siete cárceles, de acuerdo con información oficial. En los últimos diez años, el gobierno nicaragüense ha otorgado este beneficio a 53.164 reos comunes, con un porcentaje de reincidencia del 7,18% según datos proporcionados por las autoridades nacionales.
La práctica de excarcelar convictos antes de que cumplan sus penas ha recibido críticas de organizaciones feministas, que alertan sobre un aumento posterior de feminicidios y delitos tras la liberación masiva de prisioneros.
La ONU y organismos internacionales mantienen bajo observación al gobierno de Nicaragua, mientras instituciones globales y países miembros discuten nuevas sanciones y mecanismos de presión para lograr la rendición de cuentas ante las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
(Con información de AFP y EFE)
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