El gobierno uruguayo anunció este miércoles que inició un proceso para rescindir el contrato con el astillero español Cardama, al que había seleccionado para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) para la Armada Nacional. El presidente Yamandú Orsi encabezó una conferencia de prensa junto a sus funcionarios más cercanos en la que anunció, además, que denunciará a la empresa por estafa.
La decisión que tomó el gobierno está basada en que Cardama presentó una empresa llamada EuroCommerce que funcionaba de garantía y que no tenía los avales necesarios. El gobierno uruguayo considera que existen “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo”, según anunció Orsi.
EuroCommerce está en proceso de liquidación en el Reino Unido, carece de un domicilio real y no tiene empleados, según detalló Alejandro Sánchez, el secretario de Presidencia de Uruguay, un cargo similar al de jefe de gabinete.
El anuncio del gobierno apunta contra una decisión que tomó la administración de Luis Lacalle Pou, el presidente centroderechista que gobernó Uruguay entre 2020 y 2025. La llegada de Orsi a la Presidencia implicó un giró hacia la centro-izquierda en el poder.
El gobierno de Lacalle, y en particular su ministro de Defensa, Javier García, se trazó como uno de sus principales objetivos la renovación de la flota de las Fuerzas Armadas. Para la Armada Nacional, eso significaba la compra de nuevos guardacostas, lanchas de búsqueda y rescate y buques de investigación científica. También implicaba una adquisición más ambiciosa: la de dos patrullas oceánicas a un astillero español.
Tras varios años de idas y vueltas, el gobierno de Uruguay finalmente concretó la compra a mediados de 2023 para vigilar su territorio marítimo y perseguir barcos extranjeros.
El entonces ministro García anunció que se cerró la compra con el astillero español Cardama Shipyards por un valor total de 82,2 millones de euros.
Ahora, el Estado uruguayo ejecutará la garantía de fiel cumplimiento que está rubricada en el contrato con Cardama.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, explicó en la conferencia de prensa que la empresa debía presentar una garantía de fiel cumplimiento que equivalía al 5% del contrato total de la obra y, sin embargo, nunca lo hizo. “Los 45 días se transformaron en 11 meses, lo cual es relevante. El primer barco iba a estar construido en 18 meses”, dijo Díaz, quien se encarga de los asuntos legales en la Presidencia.
Vencido ese plazo, la empresa no brindó una garantía suficiente. Y se presentó a Eurocommerce. El lunes 20, el presidente instruyó al embajador ante el Reino Unido para que fuera a las oficinas de Eurocommerce. Pero cuando llegó hasta allí, se encontró con que esa compañía no funcionaba. Por el contrario, allí había una inmobiliaria que pertenecía a un ruso.
En 2022, 2023 y 2024 la empresa tuvo solo un empleado y no registró prácticamente actividad, según surge del análisis de las cuentas informadas por el gobierno uruguayo. En la web de la empresa, además, aparecen datos falsos y engañosos.
“Hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude ante el Estado uruguayo y que esta garantía no existiría”, dijo Díaz en la conferencia de prensa.
Sánchez, por su parte, explicó que el astillero español se había comprometido a construir una de las barcazas en 18 meses. Sin embargo, le llevó 11 meses poder construir sus garantías de fiel cumplimiento.
Tras la conferencia de Orsi, el exministro García respondió a la denuncia del gobierno en la red social X. Consideró que el presidente se prestó “para una maniobra política de la peor especie” y aseguró que los barcos se están construyendo. “Expone a Uruguay a dejarlo sin barcos por política menor. Nunca quisieron las patrullas por razones políticas”, escribió García.
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