Este lunes, la Comisión de Economía del Senado visó para su siguiente trámite el proyecto de ley que modifica la Ley de Bancos y faculta a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) a levantar el secreto bancario de las más altas autoridades del país en caso de detectarse operaciones sospechosas.
De ser aprobada la iniciativa, quedarán bajo la lupa de dichos organismos fiscalizadores desde el Presidente hasta jueces de la Corte Suprema, pasando por ministros de Estado, parlamentarios, ediles, concejales, consejeros regionales e incluso altos rangos del Ejército.
La nueva normativa indica que aquellos que asuman un cargo de representación pública deberán autorizar a sus respectivas entidades bancarias para que entreguen su información financiera sin mayores complicaciones burocráticas y sin una autorización judicial de por medio.
Esta modificación a la ley actual pasará ahora a discusión a la comisión de Seguridad del Senado, mientras el gobierno de Boric debate si le pondrá o no urgencia al trámite que promete ser álgido.
Oficialismo celebra
El proyecto es resistido por la oposición, desde donde lo han declarado inconstitucional por atentar contra el principio de privacidad. Además, aducen, en Chile cuando la UAF ha pedido levantar el secreto bancario de alguien investigado, los tribunales han otorgado su autorización.
Debido a esto, para su aprobación exigen que el secreto se levante solo previa autorización de un juez, que se limite a casos de crimen organizado o narcotráfico y que se aumenten las penas a aquellos funcionarios de ambos organismos fiscalizadores que osen filtrar dichos movimientos de dineros.
Así las cosas, la oposición sufrió un duro traspié puesto que la iniciativa avanzó sin las indicaciones del senador independiente -aunque de oposición-, José Manuel “Rojo” Edwards, quien buscaba sacar al SII de la ecuación, aduciendo a filtraciones previas desde ese órgano que lo harían poco transparente.
“No veo que tengamos que incorporar una institución que tiene por objeto principal la recaudación de impuestos. Si nosotros ponemos dos instituciones y existen filtraciones, no va a ser posible la trazabilidad”, argumentó.
En cambio, desde la vereda del oficialismo celebraron el paso al siguiente trámite legislativo, tal como lo señaló el presidente de la comisión de Economía, Daniel Núñez (PC), quien destacó que “la UAF y el SII puedan acceder cuando hay sospechas fundadas de actividades ilícitas a las cuentas de parlamentarios, ministros, jueces de la Corte Suprema, etc”.
De la misma opinión fue su par Gastón Saavedra (PS), quien recordó que el espíritu de la norma es impedir que el crimen organizado extienda sus tentáculos a organismos del Estado e “instalar una barrera infranqueable respecto del ingreso de recursos que provienen del narcotráfico, que dañan la credibilidad y la confianza en la función pública”.
Cabe destacar que hace una semana, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados rechazó por 6 votos en contra -todos de la oposición-, y 5 a favor el levantamiento del secreto bancario para la Comisión del Mercado Financiero (CMF), dejándola sin esta herramienta fiscalizadora.
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