Lula da Silva y Donald Trump reanudaron el diálogo bilateral para superar la crisis comercial entre Brasil y Estados Unidos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, este lunes mantuvo una conversación telefónica de 30 minutos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la que le solicito revertir el aumento en los aranceles impuestos este año a productos brasileros. Según el mensaje difundido en la red social X, Lula presentó el contacto como una oportunidad para restablecer una relación directa entre ambos gobiernos y relanzar la cooperación después de meses de tensiones diplomáticas.

El mandatario brasileño resaltó que Brasil es uno de los tres países del G20 cuyas relaciones comerciales con Estados Unidos arrojan superávit para la economía estadounidense, y solicitó la eliminación de la sobretasa del 40% a productos brasileños, así como la anulación de las medidas restrictivas implementadas contra distintas autoridades del país sudamericano.

Lula recordó en el mensaje que el diálogo permitió repasar la “buena química” experimentada durante su reciente encuentro en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, y recalcó la importancia de “restaurar las relaciones amigables de 201 años entre las dos mayores democracias del Occidente”.

Durante la conversación, Trump designó al secretario de Estado, Marco Rubio, para encabezar nuevas negociaciones con el vicepresidente Geraldo Alckmin, el canciller Mauro Vieira y el ministro de Hacienda Fernando Haddad. Lula y Trump manifestaron la intención de reunirse en persona próximamente, sugiriendo la Cumbre de la ASEAN en Malasia como posible escenario, además de reiterar la invitación al líder estadounidense para participar en la COP30, que se celebrará en Belém, Brasil. Lula también subrayó su disposición a viajar a los Estados Unidos para abordar estos temas en un futuro cercano.

La comunicación directa entre ambos presidentes se produjo mientras persisten los efectos de la abrupta escalada comercial decidida por la Casa Blanca en agosto pasado. El 6 de agosto entraron en vigor los aranceles que incrementaron en cinco veces las tasas aplicadas a los bienes brasileños, alcanzando el 50% para numerosos productos de exportación clave, como el café, la carne y el azúcar. El impacto de estos gravámenes se calcula sobre alrededor del 36% del comercio brasileño con el mercado estadounidense, uno de los principales destinos de las exportaciones de Brasil.

La decisión de la administración Trump fue comunicada mediante orden ejecutiva, justificando el endurecimiento de los aranceles en la supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” que representaría la política actual del gobierno de Lula. En el documento oficial, la Casa Blanca acusó a las autoridades brasileñas de mantener una “persecución política” contra el ex presidente Jair Bolsonaro, quien está bajo proceso judicial por presunta conspiración para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 2022. Entre los argumentos esgrimidos en la orden, Washington sostiene que los procedimientos penales contra Bolsonaro carecen de fundamento objetivo y son percibidos como una forma de persecución política en el contexto de la disputa entre el oficialismo y la oposición brasileña.

A pesar de la magnitud de la medida, la administración estadounidense dejó fuera del alcance de los nuevos aranceles una lista de más de 700 productos, incluyendo bienes relevantes para la economía brasileña como el jugo de naranja, los fertilizantes, las aeronaves civiles y sus componentes, los metales preciosos y la pasta de celulosa, dando así cierto margen de maniobra al sector exportador brasileño.

El origen de la controversia se remonta al 30 de julio, cuando Trump firmó la orden ejecutiva que impuso un recargo adicional del 40% sobre productos brasileños, sumándose al 10% ya decretado en abril. Así, el gravamen total llegó al 50%, una cifra que marca el mayor nivel arancelario aplicado por Estados Unidos contra Brasil en las últimas décadas.

Frente a la ofensiva comercial, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva autorizó a finales de agosto el inicio de consultas formales para determinar si correspondería activar la Ley de Reciprocidad Económica. Este mecanismo, establecido en abril, permite a Brasil adoptar contramedidas proporcionales ante acciones unilaterales de otras naciones. La Cámara de Comercio Exterior (Camex) cuenta con un plazo de 30 días para entregar un dictamen técnico que evalúe si procede responder con aumentos arancelarios compensatorios, suspensión de concesiones comerciales o restricciones a inversiones estadounidenses en sectores considerados estratégicos.

La creciente tensión diplomática y comercial entre Estados Unidos y Brasil, agudizada por la imposición de aranceles del gobierno de Donald Trump, también ha puesto en riesgo una posible alianza estratégica entre ambos países destinada a desarrollar la explotación de las vastas reservas brasileñas de tierras raras. Esta cooperación buscaba reducir la dependencia estadounidense de Beijing en el suministro de estos minerales esenciales para tecnologías avanzadas, pero el conflicto político ha frenado las negociaciones y empujado a Brasil a buscar nuevos socios internacionales como China.

Mientras tanto, Lula enfatiza la disposición al diálogo y la búsqueda de un acuerdo para reducir la tensión entre ambos países. Al cierre de la conversación telefónica, ambos líderes intercambiaron números telefónicos para habilitar una vía directa de comunicación. Lula sostuvo la llamada en compañía del vicepresidente Alckmin, el canciller Vieira, el ministro Haddad, Sidônio Palmeira y el asesor especial Celso Amorim.