La Fiscalía de la dictadura cubana pidió nueve años de cárcel por un cacerolazo pacífico contra los apagones

La Fiscalía de la dictadura cubana pidió hasta nueve años de cárcel para seis cubanos por un cacerolazo pacífico en protesta por los apagones durante un proceso que comenzó este miércoles en el tribunal provincial de Villa Clara (centro).

Los acusados, entre los que se encuentra el intelectual y periodista independiente cubano José Gabriel Barrenechea, están acusados de desórdenes públicos, según las conclusiones finales del escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE.

Cinco de los imputados permanecen en prisión provisional desde pocos días después de que se produjeron los hechos juzgados, el 7 de noviembre de 2024.

El juicio comenzó por la tarde, con la declaración de los acusados. Activistas y familiares denunciaron la detención del histórico opositor cubano Guillermo “Coco” Fariñas, cuando se desplazaba hacia el tribunal para asistir a la vista.

Apagón y protesta

Según el escrito de la Fiscalía, los imputados —con tres calderos “que no pudieron ser ocupados”— lideraron un cacerolazo en la localidad Encrucijada (centro de Cuba) aprovechando “la ausencia de fluido eléctrico causada por la crisis electro energética en el país”.

La acción, con “toques incesantes” y a “altos decibeles”, estuvo acompañada de gritos repetidos de “Pongan la corriente, queremos corriente”. Esto, argumenta la Fiscalía, supuso “perturbar la tranquilidad ciudadana” y “obstaculizar el tráfico de vehículos por la vía pública”.

Con esta descripción, la Fiscalía solicita nueve años de cárcel para dos de los imputados, seis para Barrenechea, cinco para otro y cuatro para un último investigado. Para el sexto acusado se piden cinco años de limitación de libertad.

Los seis acusados son todos varones, naturales de Encrucijada, y tienen entre 26 y 53 años. Ninguno tiene antecedentes penales.

Barrenechea fue detenido pocos días después de la protesta. Se rechazó su petición de quedar en libertad a la espera de juicio y solo se le permitió salir de prisión para acudir al funeral de su madre (pero no visitarla cuando ya estaba gravemente enferma).

La investigadora de Amnistía Internacional para Cuba, Johanna Cilano, se refirió este miércoles al juicio en redes sociales. “La protesta es un derecho, nadie debería estar encarcelado solo por ejercer sus derechos humanos”, aseguró.

Cilano conectó este proceso con otros dos juicios celebrados recientemente en Cuba, como el de las protestas de Bayamo de marzo de 2024, por el que 15 personas han sido condenadas a hasta 9 años de cárcel por protestar.

Cuba sufre una aguda crisis energética, con apagones crónicos de 20 o más horas al día en amplias áreas de la isla por la incapacidad del país de generar más electricidad debido a las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y a la falta de divisas para importar combustible.

Los apagones, que paralizan la economía y la vida de las familias, están generando un fuerte descontento social. De hecho, son uno de los principales catalizadores de protestas en la isla, desde las masivas de julio de 2021 en todo el país a las pequeñas registradas recientemente en La Habana y Gibara (este).

(Con información de EFE)