El Frente Amplio, la coalición de izquierda de Uruguay, considera que la legislación uruguaya vigente sobre el trabajo sexual significó un avance en 2002, cuando fue aprobado. Sin embargo, la bancada del oficialismo considera que quedan varios aspectos pendientes de regulación porque hay “abusos” que ocurren día a día en el ejercicio de la prostitución.
Es por eso que los legisladores presentaron un proyecto de ley que propone una reforma a fondo de la regulación del trabajo sexual, informó el diario local El País. La normativa que rige actualmente la actividad fue aprobada luego de 10 años de discusión y, a inicios de siglo, fue considerada algo de avanzada en comparación al resto del continente. En el Frente Amplio consideran que significó un “cambio de paradigma” ya que la legislación reconoció al trabajo sexual como “una actividad ilícita”.
Sin embargo, en la bancada del oficialismo consideraron que es necesario evitar “abusos que hoy ocurren y que son impensables para el ejercicio de cualquier otra actividad en régimen de subordinación”, señalan en la propuesta.
“A más de 20 años de su entrada en vigencia, se vuelve indispensable revisar y actualizar esta ley, respondiendo a los desafíos actuales que enfrentan a quienes ejercen el trabajo sexual en nuestro país”, sostiene la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Frente Amplio, consignada por El País.
El texto enumera que buena parte de las trabajadoras sexuales están expuestas a multas económicas que son abusivas cuando no van a trabajar o cuando se niegan a atender a algunos clientes. También son obligadas a consumir alcohol u otras drogas o recintos, se les cobra un porcentaje sobre la remuneración que los clientes abonan por los servicios que prestan. Además, se dan situaciones de violencia física y psicológica, se las obliga al cumplimiento de horas como a reintegrarse al trabajo pocos días después de un parto.
La propuesta hace foco en eliminar un enfoque que denominan “punitivista e higienista” del trabajo sexual de parte del Estado, que hoy es el que controla esta tareas a través de los ministerios de Interior y Salud Pública. En cambio, se propone una ley garantice “el respeto, la protección y el cumplimiento de derechos humanos de quienes desarrollan la actividad, reafirmando una mirada basada en el reconocimiento laboral de las personas que ejercen el trabajo sexual como medio de vida”.
El proyecto de ley propone que haya un aumento de las multas para los responsables de los locales. En concreto, se elevan de un rango de 5 (USD 230) a 100 unidades reajustables (USD 4.600) a un margen de 10 (USD 460) a 200 UR (USD 9.200).
Estas sanciones son aplicables expresamente para los responsables y el personal de los locales que incurran en conductas prohibidas. Además, se deroga la posibilidad que estaba vigente de sustituir multas o prisión por trabajo comunitario. La bancada oficialista considera que estas sanciones son inadecuadas para este tipo de infracciones administrativas.
Además, el proyecto de ley establece un listado preciso de conductas que están expresamente prohibidas para los propietarios de los locales:
- No se puede imponer un horario
- No se puede obligar a atender clientes contra su propia voluntad ni a ingerir alcohol o estupefacientes
- Está prohibido cobrar multas o sanciones, así como retenerles el documento o las pertenencias
- No se puede exigir el pago de un porcentaje de lo que la trabajadora sexual recibe como remuneración. La recepción de este dinero es considerada proxenetismo.
El proyecto de ley no impide que se cobren servicios auxiliares, como el alquiler de una habitación, pero establece que debe haber comprobantes de esas transacciones y precios transparentes, que no estén atados a la tarifa de servicio sexual.
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