
El movimiento opositor venezolano Unión y Cambio advirtió sobre una crisis generalizada en Venezuela, precisando que la situación trasciende la reciente escalada de tensiones con Estados Unidos.
Mediante un comunicado divulgado en la red social X, Unión y Cambio manifestó: “Nuestro país clama por soluciones reales, clama porque se asuma la crisis generalizada que no solamente es con Estados Unidos”, posicionándose así frente al complejo escenario político y social actual.
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Este movimiento, que actúa al margen de la principal coalición opositora liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, enfatizó que la atención nacional debe centrarse en los problemas internos que afectan la vida cotidiana de la ciudadanía, más allá de las consecuencias del operativo militar estadounidense en el Caribe.
El pronunciamiento de Unión y Cambio se dio en un contexto de incremento de medidas de la dictadura tras el despliegue naval ordenado por Estados Unidos en aguas próximas a Venezuela.
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El régimen de Nicolás Maduro sostiene que la presencia militar extranjera busca desestabilizar la administración y promover un “cambio de régimen”.
Unión y Cambio criticó la creación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, un mecanismo impulsado por el oficialismo como respuesta a la política exterior estadounidense.
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Además, cuestionó la legitimidad del consejo y la inclusión de diversos sectores empresariales, universidades y una parte de la oposición considerada “colaboracionista” por el bloque antichavista.
El diagnóstico de Unión y Cambio incluye una crisis económica profunda que afecta el poder adquisitivo y la estabilidad social. Según la agrupación, la moneda venezolana sufre una depreciación cercana al 1 % diario. Las pensiones y salarios de miles de trabajadores están por debajo de USD 1 mensual, lo que evidencia la magnitud del deterioro en la calidad de vida.
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La reacción oficialista fue inmediata. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó sobre la instalación de divisiones regionales del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, que incluirían mesas de trabajo diplomático, jurídico y político para responder a la coyuntura internacional y defender la soberanía nacional frente a posibles agresiones.
La tensión aumentó con el anuncio del dictador Maduro sobre la posible declaración de un “estado de conmoción exterior” en todo el país. Este decreto movilizaría todos los recursos nacionales para responder ante la operación estadounidense, que involucra ocho buques de guerra, aeronaves, un submarino nuclear y más de 4.500 soldados desplegados en el Caribe.
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Llamado internacional y pulseada por el poder: la oposición venezolana busca respaldo ante la ONU
La reciente advertencia del movimiento Unión y Cambio sobre la gravedad de los problemas que atraviesa el país se enmarca en un escenario marcado por fuertes presiones nacionales e internacionales. Mientras el régimen venezolano impulsa la creación de nuevos organismos políticos y refuerza su narrativa ante la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, los principales referentes opositores centran sus esfuerzos en recabar apoyo global para una transición de poder.
Durante la octogésima sesión de la Asamblea General de la ONU, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia pidieron el lunes a la comunidad internacional respaldar la “soberanía popular” en Venezuela y acompañar una transición “ordenada y pacífica”.
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Machado, actualmente en la clandestinidad, instó a proceder con el “desmantelamiento” del régimen de Nicolás Maduro y el procesamiento judicial de quienes “violentan las leyes y los derechos humanos”.
Además, subrayó que el objetivo de la oposición es alcanzar el cambio institucional mediante herramientas democráticas.
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González Urrutia, asilado en España, reclamó que la oposición sigue una ruta “impecablemente democrática y pacífica”, y responsabilizó a la dictadura de Maduro por negarse a entregar el poder tras las elecciones de 2024. El dirigente también consideró que disponer de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe representa una medida necesaria para debilitar la estructura que, según afirma, impide el restablecimiento de las libertades en el país.
(Con información de EFE)
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