La Fiscalía de Bolivia allanó este lunes el departamento de Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del presidente Luis Arce, quien enfrenta una orden de aprehensión por violencia familiar.
La fiscal que lleva el caso, Jessica Echeverría, especializada en delitos en razón género, informó que la intervención se realizó en un edificio de la avenida Beni, en la zona norte en Santa Cruz de la Sierra, y que hubo resistencia de parte de la administración del inmueble. En el lugar no se encontró al acusado pero se decomisaron dispositivos de video vigilancia para continuar con las investigaciones.
Arce Mosqueira fue denunciado por violencia familiar el 19 de septiembre por su presunta pareja, Mary Carmen C.B. Según la fiscal Echeverría, la víctima fue sometida a un examen forense que concluyó que tiene 12 días de impedimento, lo que “significa que los golpes que ha sufrido han sido bastante fuertes”.
La orden de aprehensión se emitió el 20 de septiembre. “Nos estamos basando en la gravedad del hecho y en quién sería el denunciado, considerando la facilidad de esta persona de irse del país, a nosotros nos corresponde actuar de manera rápida para que se pueda presentar ante la Justicia”, explicó la fiscal en entrevista con la radio Erbol.
El mismo día en el que se emitió la orden de captura, presidente Luis Arce se pronunció públicamente a través de redes sociales y manifestó las denuncias contra sus hijos deben ser investigada y esclarecidas igual que con cualquier otro ciudadano. “Son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos”, escribió y dijo que su postura va más allá de su cargo presidencial y responde a su condición de padre que respeta las normas bolivianas.
En tanto, el ministro de Gobierno (Seguridad), Roberto Ríos, aseguró que la Policía dará cumplimiento a la orden de captura.
Fuera de esta denuncia, Arce Mosqueira también fue señalado en 2023 como supuesto intermediario entre el Estado y empresas interesadas en participar en proyectos de industrialización de litio, a raíz de fotografías y grabaciones que fueron difundidas públicamente. La denuncia no prosperó y fue desestimada en abril de 2024 al considerar que el material presentado no constituía prueba suficiente.
Los otros hijos del presidente, Rafael y Camila Arce Mosqueira, también está nen la mira de la Justicia por la presunta adquisición irregular de un predio agrícola en el departamento de Santa Cruz. Según las investigaciones, los jóvenes habría adquirido un préstamo millonario para comprar tierra y encaminar el proyecto agropecuario, vulnerando normas ambientales y obteniendo beneficios legales para su desarrollo. Los hermanos obtuvieron en total 9,1 millones de dólares en préstamos, cuando tenían menos de 25 años y no contaban con trayectoria empresarial ni experiencia en el rubro.
Arce calificó este caso como parte de la “guerra sucia” contra su Gobierno y defendió la inocencia de sus hijos, al señalar que el préstamo fue validado por la solvencia del proyecto.
A estos casos se suma una demanda reciente contra el presidente Arce, quien fue denunciado por un ex funcionaria pública de haberla abandonado estando embarazada y no reconocer su paternidad, además le exige el pago de una renta mensual para la manutención del menor.
El mandatario indicó que considera este caso un asunto “personal” y afirmó que asumirá su defensa legal. Aunque el caso fue declarado en reserva, se informó que Arce se presentó ante la Fiscalía de Cochabamba para prestar su declaración y se aguarda la realización de una prueba de ADN, que estaba prevista para el 12 de septiembre pero fue suspendida.
En ese contexto, han surgido pedidos para activar una alerta migratoria temporal contra el presidente y su entorno una vez que concluya su mandato el 8 de noviembre. En declaraciones anteriores, Arce manifestó que no tiene intenciones de irse del país, que no cometió ningún delito y que finalizando su gestión se dedicará a la docencia universitaria.
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