Una exfuncionaria denunció a Luis Arce de abandono y de no reconocer a un supuesto hijo en común

Una denuncia presentada ante la Fiscalía de Cochabamba pone al presidente de Bolivia, Luis Arce, frente a cuestionamientos legales y éticos en la recta final de su gestión. Brenda L., una abogada y alta ex funcionaria del Estado, acusa al primer mandatario de haberla abandonado durante su embarazo y de negarse a reconocer la paternidad de su hijo.

En el memorial presentado, la denunciante relata que comunicó al presidente su embarazo en abril de 2024, tras lo cual éste le pidió mantener el hecho en reserva, debido al contexto electoral de ese año. Posteriormente, afirma la mujer, Arce negó ser el padre y se comprometió a someterse a una prueba de paternidad tras el nacimiento. La denunciante señala que a partir de entonces nunca más respondió a sus mensajes ni a los de su entorno.

Arce, quien está casado con Lourdes Durán y tiene tres hijos de una relación anterior, manifestó que no ha sido notificado por la Fiscalía sobre este caso y afirmó que se defenderá legalmente.

“Nos hemos enterado por medios de comunicación de esa denuncia, yo quiero decir al pueblo boliviano: nosotros no hemos recibido ninguna notificación sobre ese tema y, por supuesto, cuando nos llegue, vamos a salir a defendernos con toda la normativa legal que corresponde y con nuestros abogados particulares porque se trata de un tema personal”, afirmó el mandatario.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, confirmó la existencia de la denuncia penal contra el gobernante e indicó que ésta fue presentada el 25 de julio. Tejerina señaló que el proceso se encuentra en etapa de investigación y está siendo tramitado bajo el tipo penal de abandono a mujer embarazada. Sin embargo, debido a la reserva solicitada por la víctima, evitó dar más detalles a los medios locales.

A pesar de que el presidente señala que se trata de un caso personal, la acusación tiene implicaciones políticas. La denunciante es una abogada penalista de 32 años que en 2021 fue designada directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por el Ministerio de Minería, cargo al que renunció en mayo de 2022 tras una serie de fuertes cuestionamientos sobre su designación, debido a que carecía de experiencia en temas mineros, además de su conducta autoritaria y presuntas irregularidades en el funcionamiento de la entidad.

La AJAM es la entidad que regula y fiscaliza la industria minera en Bolivia, además actuar como instancia jurisdiccional para esa industria. La eficiencia de esta institución genera controversia debido al incremento de la minería ilegal especialmente en zonas auríferas de La Paz, Beni y Pando que se ha convertido en uno de los problemas más complejos del país en los últimos años.

El auge de esta minería está ligado principalmente al aumento en los precios internacionales del oro, lo que ha incentivado la explotación indiscriminada.

Gran parte de esta actividad no cuenta con contratos administrativos, ni cumple con estudios de impacto ambiental, medidas de seguridad laboral o sistemas de tributación. Esta situación provoca serias consecuencias económicas, ambientales y conflictos sociales con las comunidades donde operan.

En ese marco y fuera del ámbito sentimental, la denuncia contra el presidente abre el debate sobre las designaciones institucionales en el Estado y sobre si éstas responden a criterios técnicos y legales, sin estar atravesadas por intereses personales.