Yamandú Orsi propone que el fisco pueda levantar secreto bancario sin orden judicial: críticas de la oposición

​​Los gobiernos uruguayos deben enviar, durante el primer semestre de su gestión, el proyecto de ley de Presupuesto al Parlamento. Se trata del buque insignia de cada administración: allí concentra buena parte de las políticas que pretende implementar en el quinquenio. La propuesta que envió Yamandú Orsi ha generado polémica con la oposición, en particular por las modificaciones tributarias que incluye.

Pero las críticas no están dirigidas solamente a los nuevos gravámenes que se establecen –como el impuesto del IVA a la plataforma china TEMU o el tributo para los depósitos en el exterior– sino también por una disposición que se establece para la oficina que recauda los impuestos, la Dirección General Impositiva (DGI).

Uno de los artículos del proyecto de ley establece que la DGI –el fisco uruguayo– pueda levantar el secreto tributario para sus investigaciones y fiscalizaciones sin la necesidad de que exista una orden judicial, como ocurre en la actualidad.

“La Dirección General Impositiva podrá requerir la misma información en iguales términos y condiciones, en el ejercicio de sus facultades de investigación y fiscalización”, dice el artículo 635.

Cuando el ministro de Economía, Gabriel Oddone, fue a explicar el proyecto de ley al Parlamento, aseguró que esta decisión fue tomada como respuesta a una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). El jerarca parafraseó la sugerencia de este organismo. “Muchachos: o cumplen la normativa o dejan de ser un país ampliamente cumplidor”, dijo Oddone.

El ministro de Economía señaló que si Uruguay no cumple con la recomendación, podría pasar a ser un país “parcialmente cumplidor”, lo que tendría efectos en su reputación. Y dijo como ejemplo que uno de los requisitos para lograr acuerdos con la Unión Europea es ser “ampliamente cumplidor”.

Oddone reconoció que la decisión supone una “resignación de soberanía”, pero aseguró que el gobierno de Orsi está dispuesto a asumirla porque tendría un “costo-beneficio” que “vale la pena”.

Para el ministro, en los próximos años se dará un “debate interesante” entre el “delicado equilibrio” de la soberanía de los países y la pertenencia a un mundo que “exige reglas”.

En la oposición la noticia no fue bien recibida. El senador Andrés Ojeda –líder del Partido Colorado– expresó que la disposición significa un “disparate atómico”.

“Uruguay tiene un secreto bancario muy rígido. Solamente se puede levantar por una orden judicial penal fundada o por un juez de familia en materia de alimentos. Nadie más puede saber la información bancaria de una persona. Es una gran garantía”, señaló días atrás en una rueda de prensa.

“Yo no haría cambios en ese sentido. Me hace mucho ruido tocar el secreto bancario. Lo mantendría tal cual está. Es algo de lo que Uruguay puede estar orgulloso”, expresó Ojeda.

Javier García, senador del también opositor Partido Nacional, consideró que la decisión implica “violar el derecho a la privacidad” y advirtió que el secreto bancario se podrá levantar “por orden de un director político de DGI”.

“Que Oddone defienda eso habla de su flexibilidad para defender lo indefendible: perder soberanía, violar el derecho a la privacidad y las garantías de la justicia. La ‘caza de brujas’ difundida e impulsada por un ministro que defendía lo contrario, hasta hace poco”, criticó García en la red social X.

Después de las primeras críticas, el ministro Oddone declaró en radio Carve que enviarán al Parlamento un ajuste del artículo que establezca que, para levantar el secreto bancario, será necesario que esté “de manera fundada” una “presunción de evasión”.

Este miércoles, en una charla ante empresarios en el Piso 40, Oddone volvió a defender la propuesta. “Lo que se está planteando es la posibilidad de que la DGI, durante un procedimiento fundado y en el que haya presunción de evasión, pueda hacerlo”, señaló.