Un tribunal de Bolivia ordenó la liberación de Jeanine Áñez por el caso de la violencia en Sacaba en 2019

El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Sacaba emitió este viernes una orden de liberación a favor de la ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez en el proceso relacionado con la muerte de una decena de civiles en la localidad de Sacaba durante la crisis política de 2019. Sin embargo, esta orden no se aplicará de manera efectiva, ya que Áñez permanece en prisión cumpliendo una condena de 10 años por otra causa.

La resolución está dirigida al director del Recinto Penitenciario de Miraflores, en La Paz, donde la ex mandataria, quien gobernó entre 2019 y 2020, se encuentra detenida desde 2021. El fallo judicial señala que los cargos atribuidos a Áñez en el caso Sacaba corresponden a supuestos delitos de “genocidio y genocidio en grado de tentativa”, y especifica que la liberación solo podrá ejecutarse “siempre que (Áñez) no estuviese detenida por otra causa”.

Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión a mediados de 2022, condena ratificada por la justicia boliviana a finales de 2023, en el denominado caso ‘Golpe de Estado II’. La ex mandataria fue acusada de haber asumido ilegalmente la Presidencia tras situarse en la línea de sucesión constitucional, siendo por entonces segunda vicepresidenta del Senado.

Áñez asumió la jefatura del Estado tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019. Morales denunció un “golpe de Estado” después de las protestas sociales y acusaciones de fraude electoral que se produjeron tras las elecciones de octubre de 2019. El contexto de la crisis desembocó en el relevo presidencial y en la concreción de una etapa de convulsión política y social.

El tribunal de Sacaba anuló el sábado pasado el proceso penal ordinario por el caso Sacaba, para que la causa pase a juicio de responsabilidades ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en consideración de la calidad de ex presidenta de Áñez. Las diligencias enviaron los antecedentes del caso al TSJ, que debe analizar la pertinencia del juicio especial.

Otro proceso vinculado, conocido como caso ‘Senkata’, por la muerte de otra decena de civiles en El Alto, también fue anulado recientemente en sede ordinaria. Se determinó en ese caso que el juicio contra Áñez debe realizarse igualmente bajo el régimen de juicio de responsabilidades, procedimiento especialmente dispuesto para exjefes de Estado.

El trámite de juicio de responsabilidades requiere la intervención previa del Legislativo boliviano, que debe aprobar la causa antes de tramitarla ante el TSJ, el órgano encargado de sustanciar el proceso y dictar sentencia. Respecto a Áñez, el TSJ dispuso un “mandamiento de libertad”, pidiendo que espere el desarrollo de los juicios fuera de prisión, aunque la ex mandataria continúa privada de libertad por la condena en firme.

Las causas judiciales en torno a los hechos de 2019 se activaron por iniciativa del gobierno de Luis Arce y de la agrupación oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que considera los sucesos como un “golpe de Estado” contra Morales. Para Áñez, las causas fueron canalizadas a través de la vía ordinaria, bajo el argumento de que su acceso al cargo no se produjo por voto popular.

Áñez, por su parte, demanda un proceso especial y en 2023 denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado boliviano por no brindarle un juicio de responsabilidades. El TSJ ordenó recientemente revisar los plazos legales de las detenciones preventivas en estos y otros procesos contra opositores, incluyendo a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, y Marco Pumari, dirigente cívico, ambos considerados por la Fiscalía como líderes de las protestas de 2019.

El pasado 29 de agosto, Camacho y Pumari quedaron en libertad luego de que la Justicia retirara la prisión preventiva en varias causas, incluido el caso ‘Golpe de Estado I’. Camacho permaneció cerca de 1.000 días en la cárcel de Chonchocoro sin sentencia definitiva.

Tras la difusión de la reciente decisión judicial favorable a los ex líderes opositores, la Fiscalía de Bolivia advirtió que estas medidas podrían derivar en sanciones por parte de la CIDH. El fiscal general, Ricardo Condori, recordó en declaraciones a Bolivia TV que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI–Bolivia) documentó, tras investigar la represión en Senkata, El Alto y otras localidades, la muerte de cerca de 40 personas y más de 200 heridos entre septiembre y diciembre de 2019. El organismo emitió 36 recomendaciones para que las investigaciones sean “serias, efectivas, exhaustivas y diligentes” y garantizar así verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Condori señaló que el incumplimiento de esas recomendaciones pone en riesgo al Estado boliviano frente a la CIDH y que las responsabilidades alcanzan tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial. Aclaró que el Gobierno planteará recursos legales para revertir las decisiones judiciales recientes. El cambio de mando presidencial en Bolivia, que representaría la salida del MAS del Gobierno, está previsto para el próximo 8 de noviembre.

Áñez permanece bajo prisión preventiva, acusada de haber ordenado una represión que dejó 37 muertos y más de 200 heridos en el contexto de la crisis pos-electoral de 2019, mientras el proceso judicial sobre los acontecimientos en Sacaba y Senkata continúa bajo revisión de las más altas instancias judiciales del país.

(Con información de EFE y EP)