La defensa de un ex ministro de Bolsonaro admitió que hubo planes golpistas

La defensa de Paulo Sérgio Nogueira, ex ministro de Defensa de Jair Bolsonaro, sorprendió este miércoles al reconocer ante el Supremo Tribunal Federal (STF) que dentro del Gobierno existieron discusiones sobre una posible ruptura del orden democrático tras las elecciones de 2022. Aunque insistió en que su cliente actuó para impedir que esas ideas se concretaran.

“Mi cliente actuó activamente contra intentos de una ruptura democrática que se discutían en el Gobierno”, afirmó el abogado Andrew Fernandes ante la Primera Sala del STF, que juzga al ex mandatario y a otros siete acusados. Según el letrado, Nogueira convenció a Bolsonaro de “no avanzar por ese camino” después de la derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El proceso, que entró esta semana en su fase final, se centra en las maniobras de Bolsonaro y sus aliados para revertir los comicios de octubre de 2022. El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, calificó la trama como un “panorama espantoso y tenebroso”, al presentar la acusación que imputa a los ex funcionarios por conspirar contra la democracia y alentar el asalto a las instituciones el 8 de enero de 2023.

Entre las pruebas presentadas por la fiscalía figuran mensajes de WhatsApp que circulaban entre militares y asesores, un borrador de decreto conocido como Puñal Verde y Amarillo —que proponía la intervención en el Tribunal Superior Electoral—, y los testimonios de Mauro Cid, ex ayudante de Bolsonaro, quien firmó un acuerdo de colaboración judicial y detalló los preparativos para un golpe.

El martes, la defensa de Cid sostuvo que proporcionó pistas sobre hechos de “extrema relevancia” que permitieron descubrir la trama para intentar mantener en el poder al líder ultraderechista tras las elecciones de 2022.

Nogueira, general retirado del Ejército y cercano a Bolsonaro desde la década de 1970, fue nombrado ministro de Defensa en abril de 2022. Según la acusación, habría alentado la instalación de campamentos frente a los cuarteles donde miles de simpatizantes exigían una intervención militar. En una reunión ministerial de junio de ese año, llegó a calificar al tribunal electoral de “enemigo”, aunque luego pidió disculpas públicas por sus palabras.

La defensa sostiene que esas conversaciones nunca se tradujeron en acciones concretas y que fueron desestimadas tanto por Bolsonaro como por las Fuerzas Armadas. “Esos planes de golpe no se concretaron en ningún momento y no pasaron de discusiones promovidas por sectores radicales”, dijo Fernandes, quien pidió la absolución de todos los acusados.

Los fiscales, sin embargo, subrayan que las discusiones sí tuvieron efectos reales: contribuyeron a erosionar la confianza en el sistema electoral, prepararon el terreno para la insurrección de enero y dejaron trazas documentales que comprometen al ex presidente. “No hay duda de que el señor Jair Bolsonaro intentó derrocar la democracia brasileña”, aseguró Gonet en la apertura de la fase final del juicio.

Bolsonaro ha negado las acusaciones y denuncia persecución política. “No existe una única prueba que me vincule a un golpe”, declaró su defensa en un comunicado citado por la Agencia Brasil, en el que acusó al tribunal de apresurar el proceso y restringir los derechos de la defensa. Aun así, el ex presidente podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es declarado culpable de los cinco cargos que enfrenta.

El STF programó las sesiones de deliberación y sentencia para los días 9, 10 y 12 de septiembre. La decisión marcará un hito: será la primera vez en la historia democrática de Brasil que un ex presidente es juzgado por conspirar contra el sistema que lo llevó al poder. El magistrado Alexandre de Moraes, uno de los jueces más activos en el caso, ha insistido en que el tribunal actuará con independencia pese a las críticas internacionales, incluidas las del presidente estadounidense Donald Trump.

El episodio recuerda al asalto al Capitolio de Estados Unidos en 2021, que inspiró a sectores radicales en Brasil. El 8 de enero de 2023, miles de bolsonaristas invadieron el Congreso, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal en Brasilia.

El desenlace judicial tendrá repercusiones políticas profundas. Lula, quien asumió el cargo en enero de 2023, ha defendido la importancia de que el juicio siente un precedente claro contra los intentos de socavar la democracia. “Brasil nunca más tolerará aventuras autoritarias”, dijo en un discurso reciente en Sao Paulo, recogido por medios locales.

El resultado del juicio también podría afectar el futuro político de Bolsonaro, quien ya fue inhabilitado por ocho años para cargos públicos debido a otra condena por abuso de poder político y desinformación electoral. Si el STF lo declara culpable en este caso, quedará prácticamente sepultada cualquier posibilidad de regreso al poder.