Murieron dos reclusos en una cárcel de Guayaquil y se investiga si fue por tuberculosis

Dos reclusos de la Penitenciaría del Litoral fueron hallados sin vida en sus celdas el último sábado. Según informes preliminares, los cuerpos no tenían signos de violencia. Por lo que se sospecha que fallecieron a causa de la tuberculosis. Los presos tenían 26 y 32 años de edad y fueron encontrados en las celdas 6 y 15 del pabellón 1 del centro penitenciario. El hallazgo fue confirmado por la Policía Nacional, que ingresó con el equipo de Medicina Legal para el levantamiento de los cadáveres.

Este hecho ocurre pocos días después de un operativo de traslado que involucró a 401 reos que padecen tuberculosis, quienes fueron movilizados desde la Penitenciaría del Litoral hasta la cárcel Regional Guayas, según el mismo reporte de Ecuavisa. La medida, ejecutada entre el 28 y el 31 de julio por el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), el Ministerio de Salud Pública (MSP), las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tenía como objetivo permitir que “las personas privadas de libertad puedan recibir atención médica integral, en pabellones adecuados con infraestructura e implementos para su tratamiento”.

A inicios de 2025, Ecuador registraba 1.115 personas privadas de libertad en tratamiento por tuberculosis, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud citadas en varios informes epidemiológicos. De esos casos, al menos 550 estaban concentrados en la Penitenciaría del Litoral, lo que convierte a ese centro en el principal foco carcelario del país.

La tuberculosis en el sistema penitenciario ecuatoriano presenta tasas de contagio extremadamente elevadas. Según el Observatorio Social de Tuberculosis y datos oficiales del MSP, la incidencia en prisiones alcanza 4.385 casos por cada 100.000 reclusos, en contraste con una tasa nacional estimada de 45 por cada 100.000 habitantes. Esta diferencia revela un riesgo de contagio casi cien veces mayor en las cárceles respecto de la población general.

Los factores estructurales que explican esta propagación incluyen el hacinamiento crónico, la falta de ventilación, la alimentación deficiente y la desatención médica. En el caso específico de la Penitenciaría del Litoral, organizaciones como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) han alertado desde 2024 sobre la destrucción parcial de la clínica interna y la carencia de insumos médicos básicos, lo que habría favorecido un brote incontrolado.

Este no es el primer episodio fatal relacionado con la tuberculosis en dicho centro penitenciario. Según una investigación publicada por el medio digital La Periódica, entre noviembre de 2024 y marzo de 2025 se documentaron al menos siete fallecimientos vinculados a la enfermedad. “Dos de las cinco muertes ocurridas el 7 de marzo fueron causadas por tuberculosis pulmonar”, con certificados médicos que consignaron “paro cardíaco por insuficiencia respiratoria” y “falla multiorgánica por tuberculosis”. Aunque el MSP ha insistido públicamente en que “no se registran fallecimientos por tuberculosis en los Centros de Privación de Libertad”, los registros forenses y los testimonios de familiares contradicen esta versión.

El traslado masivo de reclusos con tuberculosis a la cárcel Regional Guayas fue considerado una medida de contención, pero las muertes reportadas el 2 de agosto en la Penitenciaría del Litoral muestran que el brote aún no está controlado. Hasta el momento, no se ha confirmado si los dos internos fallecidos formaban parte del grupo previamente diagnosticado o si se trataba de nuevos casos sin seguimiento clínico.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud ha confirmado que los casos de tuberculosis en la población general aumentaron de 3.366 en 2022 a 5.476 en 2024, lo que representa un incremento del 63 %. Esta tendencia ascendente también se refleja en las cárceles, donde la prevalencia de tuberculosis en 2025 supera el 3 % de la población penitenciaria.

En cuanto al acceso a tratamiento, el MSP ha asegurado que “todos los internos diagnosticados están bajo tratamiento antituberculoso” y que los medicamentos están disponibles en los centros carcelarios con vigilancia médica continua. No obstante, organizaciones independientes han documentado retrasos en la atención, fallas en la adherencia al tratamiento y casos de pacientes en estado grave que no fueron evaluados a tiempo por profesionales de la salud.