La campaña electoral en Bolivia ha generado casos de acoso político contra candidatas, dos de los cuales han llegado incluso a pedidos públicos de sustitución en las listas. Según una investigación del Observatorio de Género de la organización Coordinadora de la Mujer hay cinco “casos emblemáticos” en los que se identificó discursos de odio y ataques sistemáticos a través de redes sociales y medios de comunicación.
Entre las candidatas afectadas está Eva Copa, la actual alcaldesa de El Alto, que desistió de su postulación a la Presidencia tras denunciar “acoso político” e “instigación interna” dentro del Movimiento de Renovación Nacional (Morena) que fundó en febrero pasado. Algunos analistas coinciden en que su retiro de la contienda electoral también está relacionado con su bajo desempeño en las encuestas de intención de voto.
Según el observatorio, Copa fue víctima de violencia digital sistemática que expuso su vida íntima e incitó a hacerle daño. Según el monitoreo realizado, se identificaron expresiones que trascienden el discurso violento y caen en la incitación a la violencia extrema. Adicionalmente, enfrentó una campaña de ridiculización constante y dudas sobre su capacidad de gobernar asociadas a su vida personal, a su género, edad, clase y etnicidad.
Otro caso relevante es el de Mariana Prado, postulante a la Vicepresidencia de Alianza Popular, el frente que postula a Andrónico Rodríguez, quien enfrenta acoso con el objetivo de desacreditar su capacidad política. “En los mensajes encontrados, se detectaron manifestaciones clasistas, expresiones misóginas y connotaciones sexuales”, señala el informe del Observatorio de Género y añade que se hallaron frases que “buscan minimizar o invisibilizar la participación política de las mujeres”.
El tercer caso emblemático es el de Susana Bejarano, candidata a senadora de La Paz, sobre quien se evidenció un patrón de agresión basado en insultos, descalificaciones emocionales y estereotipos sexistas orientados a cuestionar su vida privada y sus vínculos familiares.
Bejarano fue criticada incluso por el ex presidente Evo Morales (2006-2019), que cuestionó públicamente su entorno familiar y la acusó de ser una “infiltrada de la derecha”. En respuesta, la candidata argumentó que “Evo odia que alguien tenga una posición personal distinta a la suya” y afirmó que “hay que ser muy machista para pensar que los hombres tutelan el pensamiento de las mujeres”.
Según el Observatorio de Género, los casos de Prado y Bejarano son particularmente graves, debido a recientes amenazas públicas y pedidos de sustitución de ambas postulantes por algunos sectores campesinos y sindicales.
Otras candidatas afectadas fueron Toribia Lero, aspirante a diputada de Cochabamba, sobre quien se identificó una narrativa sistemática de deslegitimación con una fuerte carga racista y sexista; y Karla Robledo Guardia, que disputaba una senaduría por Santa Cruz, que también fue blanco de expresiones de violencia política por sus vínculos familiares y decidió renunciar a su candidatura en medio de la polémica.
Según Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, las expresiones que la investigación encontró en relación a las afectadas “forman parte de una estrategia para desalentar y excluir a las mujeres del ejercicio pleno de sus derechos políticos”.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos que participaron en el estudio instan al Ministerio Público a actuar de oficio para identificar responsabilidades penales y exigen al Tribunal Supremo Electoral garantizar el ejercicio de los derechos políticos, libres de violencia y acoso político.
La información obtenida por el Observatorio de Género se basa en el primer reporte de monitoreo semanal, una tarea que se desarrollará hasta la conclusión del proceso electoral. Dicho reporte fue realizado entre el 7 y el 28 de julio, en cuatro redes sociales y medios de comunicación.
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