Ecuador declarará en emergencia al sistema judicial en agosto por colapso institucional y falta de recursos

El sistema judicial ecuatoriano será declarado en emergencia en agosto de 2025, según lo anunció Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Esta medida llega en un momento crítico, marcado por la precariedad en infraestructura, recursos humanos insuficientes y falta de presupuesto, y se enmarca dentro de las facultades establecidas en la reciente Ley Orgánica de Integridad Pública aprobada por la Asamblea Nacional.

Godoy afirmó que el pleno del Consejo de la Judicatura ya inició la revisión de la información recabada en semanas anteriores, como parte del diagnóstico que justifica la declaratoria de emergencia. Entre los factores identificados, se encuentran las graves deficiencias estructurales en 124 de las 245 dependencias judiciales del país, así como el deterioro progresivo de otras 87, de acuerdo con lo citado por Ecuavisa. Además, el organismo estima que se requiere una inversión de al menos USD 200 millones para infraestructura física, tecnología, mobiliario, equipos y vehículos, mientras que para el fortalecimiento del talento humano se calcula un requerimiento adicional de USD 50,4 millones para incorporar a 753 nuevos jueces.

El anuncio fue realizado ante la Asamblea Nacional, donde Godoy también entregó un informe con las necesidades presupuestarias del sistema judicial. A estas se suman los déficits de la Fiscalía y la Defensoría Pública. La Fiscalía General, encabezada por Wilson Toainga, ha señalado la necesidad de incorporar 600 nuevos agentes fiscales, además de personal auxiliar, lo cual implicaría un gasto estimado de USD 58,6 millones, según recogió Ecuavisa. Por su parte, la Defensoría requiere al menos 100 defensores públicos adicionales, además de renovar el personal recientemente desvinculado, lo que representa otros USD 33,2 millones. En total, solo para cubrir estas necesidades básicas, el sistema judicial requeriría aproximadamente USD 364 millones, lo que duplicaría el presupuesto actual asignado a la Judicatura para 2025, según lo recogido en medios locales.

La declaratoria de emergencia fue habilitada por la Ley Orgánica de Integridad Pública, promovida por el presidente Daniel Noboa y tramitada con carácter urgente en materia económica. La norma detalla que la iniciativa legal permite, entre otros aspectos, adoptar medidas inmediatas de evaluación y reestructuración en instituciones públicas, incluyendo la Función Judicial. Según el articulado aprobado por la Asamblea, la declaratoria de emergencia faculta al Consejo de la Judicatura a movilizar recursos, implementar reformas administrativas y adoptar decisiones para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de justicia en situaciones críticas, siempre dentro del marco legal vigente.

Godoy aclaró que esta declaratoria no implicará una remoción inmediata de jueces, como se ha especulado, sino que permitirá iniciar una evaluación integral de todos los componentes del sistema. La eventual sustitución de funcionarios judiciales se realizaría conforme a los procedimientos establecidos por la ley, respetando los principios de transparencia, meritocracia y probidad. De hecho, el titular de la Judicatura enfatizó que la prioridad es “evaluar profundamente lo que existe dentro del sistema”, incluyendo procesos internos, condiciones laborales y desempeño de los operadores judiciales, según publicó El Universo.

La crisis estructural del sistema judicial se arrastra desde hace años, pero se ha agudizado por la falta de recursos, el hacinamiento de causas, y el uso político de cargos clave. De hecho, algunas autoridades del sector justicia se mantienen prorrogadas en sus funciones, lo que ha generado sospechas sobre presiones o injerencias políticas para su permanencia. En este contexto, el Consejo de la Judicatura se enfrenta al reto de ejecutar una transformación institucional de gran escala, sin contar aún con garantías de financiamiento suficiente ni con la seguridad de apoyo sostenido por parte del Ejecutivo o la Asamblea Nacional.

El marco jurídico aprobado por la Asamblea busca dotar de herramientas ágiles a las autoridades para responder ante crisis institucionales. En la exposición de motivos del proyecto de ley, se justificó su necesidad por la urgencia de adoptar reformas que aseguren una administración pública eficiente, proba y funcional.

A pesar del anuncio, no se ha especificado aún la duración de la declaratoria ni los mecanismos que se emplearán para financiar el plan de reestructuración. Tampoco está claro si el Gobierno central asumirá parte de los costos o si la Judicatura deberá gestionar recursos propios y cooperación internacional.