Asambleísta expulsado del correísmo y acusado de violación se entregó a las autoridades

El asambleísta ecuatoriano Santiago Díaz Asque, histórico militante del correísmo, se entregó a las autoridades. La Fiscalía General del Estado confirmó que Díaz Asque enfrenta una investigación penal por el presunto delito de violación a una niña de 12 años, hecho por el cual pesa sobre él una orden de detención con fines de formulación de cargos. Por la ubicación de Díaz Asque, el gobierno ofrecía una recompensa de USD 100.000.

En un breve comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la Fiscalía indicó que la situación jurídica del legislador se resolverá “en las próximas horas”. Según el parte oficial, la denuncia fue presentada el 7 de julio por el padre de la víctima y el abuso habría ocurrido en el domicilio del legislador, ubicado en el sector de Iñaquito, en el norte de Quito.

Según el parte oficial, el presunto delito habría sido cometido mientras Díaz Asque se encontraba en estado etílico. Además, el denunciante acusó a la madre y a la tía de la niña, ambas cercanas al legislador, de haber encubierto el abuso durante aproximadamente dos meses.

En respuesta a la denuncia, la Fiscalía inició un proceso penal por violación y realizó allanamientos en Quito la madrugada del 9 de julio con el apoyo de la Policía Nacional, en los que se recabaron documentos, dispositivos electrónicos y otros indicios. Varias personas han sido citadas a rendir versiones sobre el caso.

No obstante, la versión sobre la manera en que Díaz Asque llegó a manos de la justicia ha generado contradicciones. Mientras la Fiscalía asegura que el legislador “se entregó a las autoridades”, el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que fue detenido por el Bloque de Seguridad luego de un trabajo de inteligencia. “Santiago Díaz Asque, quien se encontraba prófugo por presunto delito de violación, se encuentra bajo resguardo de las fuerzas del orden”, señaló el funcionario en X.

Las imágenes difundidas por la Fiscalía y por Reimberg muestran el mismo operativo, realizado en lo que parece ser un paso peatonal techado junto a una vía vehicular, la tarde del lunes 21 de julio. En las fotos se observa a Santiago Díaz rodeado de policías y personal civil mientras recibe y firma documentos.

La acusación ha provocado una ola de reacciones políticas. Rafael Correa, expresidente del Ecuador condenado por corrupción y líder de la Revolución Ciudadana, se pronunció públicamente desde sus redes sociales: “Me alegro que haya hecho eso Santiago. Todos debemos velar por el debido proceso y que se esclarezca este tan abominable caso”. Correa también declaró en una entrevista en Radio Pichincha: “Lo de Santiago Díaz es una vergüenza, le pido disculpas al pueblo ecuatoriano, es un dolor inmenso”.

El asambleísta Díaz Asque fue separado de la bancada correísta tras las denuncias en su contra. La bancada manifestó su “más enérgico repudio” y anunció la expulsión inmediata de Díaz tanto de la organización como de su curul. No obstante, Díaz Asque difundió un comunicado en sus redes sociales en el que defendió su inocencia y aseguró que es víctima de una persecución política debido a su postura crítica contra el gobierno actual. Además, afirmó que el caso en su contra es un intento de silenciarlo y que el proceso judicial está siendo utilizado con fines políticos. En el mismo texto, anunció que había solicitado una licencia sin remuneración para enfrentar el proceso legal.

La figura de Díaz Asque ha estado vinculada históricamente con el correísmo no solo en lo político, sino también como parte de su estructura de apoyo. Ha sido señalado como parte de los llamados “grupos de choque” o “popeyes” del correísmo, una fuerza informal que habría realizado tareas de presión y amedrentamiento contra opositores y críticos del régimen. En su trayectoria, trabajó en la Presidencia y en la Secretaría Nacional de Inteligencia durante el gobierno de Correa, institución acusada de espiar a adversarios políticos.

Además, fue jefe de campaña del binomio presidencial Andrés Arauz–Carlos Rabascall en 2021, financiado por la coalición Unión por la Esperanza (UNES). Tanto Díaz como su esposa Helen Pazmiño aparecen como aportantes significativos en el sistema de financiamiento colectivo utilizado por ese movimiento, lo cual fue objeto de cuestionamientos respecto a la transparencia y la legalidad de dichos fondos.

La Asamblea Nacional, por su parte, ha reiterado su compromiso de colaborar con las autoridades para garantizar un proceso ágil y riguroso.