
José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, aceptó ser extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica para enfrentar los cargos que un tribunal federal de Nueva York tiene en su contra. La diligencia se realizó este 11 de julio, de manera telemática, ante la Corte Nacional de Justicia. La sesión duró menos de 10 minutos.
La audiencia fue convocada por el presidente de la Corte, José Suing Nagua, en su calidad de autoridad central en materia de extradición, y se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, a través de medios telemáticos. En la sesión de Zoom, alias Fito apareció desde la cárcel La Roca, en Guayaquil, vestía el uniforme color naranja típico de los prisioneros.
La audiencia de esta tarde constituye un paso clave dentro del proceso de extradición activado por el gobierno de los Estados Unidos. El pasado 8 de julio, el pedido formal fue entregado al Ecuador por vía diplomática a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. La solicitud fue remitida oficialmente a la Corte Nacional de Justicia, que ahora con la aceptación del narco, podrá continuar con el pedido y entregar a alias Fito a la justicia estadounidense.

Alias Fito es señalado por las autoridades estadounidenses como líder de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, con conexiones regionales y vínculos con carteles mexicanos. Su recaptura, tras haber protagonizado una fuga a inicios del 2024, fue reconocida por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien felicitó al gobierno ecuatoriano en una comunicación oficial con la canciller Gabriela Sommerfeld.
El narco ecuatoriano fue acusado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York por cargos de tráfico internacional de drogas y armas. La acusación incluye siete cargos, entre ellos conspiración para distribuir cocaína, distribución internacional de cocaína, uso de armas en delitos de narcotráfico, tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos y compra de armas mediante terceros.
Según el Departamento de Justicia, Macías dirigía una red de sicarios y traficantes que introducía grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos, utilizando rutas controladas en alianza con el cartel de Sinaloa. Los Choneros habrían usado violencia extrema, incluidas ejecuciones, tortura y secuestros, para garantizar su poder. Asimismo, emplearon a personas en EE.UU. para adquirir armas de alto calibre, municiones y componentes que luego eran introducidos de forma ilegal en Ecuador, donde eran utilizadas en sus operaciones delictivas.

La acusación forma parte de la operación “Take Back America”, una iniciativa nacional que busca desmantelar organizaciones criminales transnacionales como Los Choneros. Las autoridades estadounidenses destacaron la cooperación con agencias ecuatorianas, así como el rol de la DEA, ATF y la Oficina de Cumplimiento de Exportaciones en el caso. La investigación también reveló que los sicarios de Los Choneros actuaban protegidos por redes de corrupción y sobornos.
De ser declarado culpable, Macías enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años y una máxima de cadena perpetua. Además de los cargos penales, ha sido sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. El caso es llevado por la Sección de Narcóticos Internacionales y Lavado de Dinero de la Fiscalía, dentro del equipo de la Fuerza de Tarea contra Organizaciones Criminales Transnacionales.
Los Choneros son una de las bandas criminales más poderosas y violentas de Ecuador, con presuntos vínculos con cárteles mexicanos, específicamente el cártel de Sinaloa. Alias Fito, nacido en Manta en 1979, tiene antecedentes delictivos que se remontan al año 2000. En 2011 fue sentenciado a 34 años de prisión por narcotráfico, homicidio y delincuencia organizada. Asumió el liderazgo de Los Choneros tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, en 2020. Desde entonces, consolidó el poder del grupo dentro y fuera de las cárceles, controlando el sicariato, la extorsión y el tráfico de armas.
En enero de 2024 protagonizó una fuga que desató una crisis de seguridad nacional. Se presume que recibió ayuda interna, y dos guardias penitenciarios fueron procesados por su presunta implicación. Tras su evasión, se registraron motines, secuestros y atentados, lo que llevó al gobierno de Daniel Noboa a declarar un conflicto armado interno. Paralelamente, su esposa e hijos fueron localizados y deportados desde Argentina. Pese a haber estado recluido en cárceles de máxima seguridad, “Fito” ejercía un amplio control territorial, mediático y logístico desde prisión, incluso anunciando treguas con otras bandas.
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