La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) alertó este jueves sobre la “grave” situación médica de una mujer detenida que, según precisó, tiene 34 semanas de embarazo. La organización exigió su “liberación inmediata” y reclamó “atención médica especializada y urgente”.
En su cuenta de X, el CLIPP detalló que Maykelis Jacqueline Borges Ortuño “padece hipertensión arterial, tiene baja hemoglobina, sufre constantes infecciones urinarias y corre riesgo de preeclampsia”, lo que, advirtió, pone en “peligro su vida y la de su bebé”, a pocas semanas del parto.
“Maykelis debe dar a luz en libertad, (y estar) en su hogar, rodeada de cuidado y dignidad, no tras las rejas, en medio del abandono institucional”, manifestó la organización no gubernamental.
Según el CLIPP, Borges fue “detenida arbitrariamente” el pasado 29 de enero en Caracas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y luego trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, una prisión ubicada en el estado Miranda, cerca de la capital.
La ONG indicó a EFE que Borges es pareja del teniente retirado Cristian Hernández, acusado por el Gobierno venezolano de estar involucrado en la supuesta conspiración conocida como “Aurora”.
“Parir no puede ser sinónimo de castigo. La vida y la maternidad deben ser protegidas, no perseguidas”, subrayó la organización, que también exigió la liberación de todas las presas políticas.
Según datos del Foro Penal, en Venezuela hay 940 presos políticos, de los cuales 844 son hombres y 96 mujeres. El informe también señala que al menos 85 de los detenidos son extranjeros, sin especificar su nacionalidad ni los cargos imputados.
La organización señala que la mayoría de las detenciones ocurrieron tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo control del oficialismo, proclamó como ganador a Nicolás Maduro, a pesar de las denuncias de fraude presentadas por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora.
El Gobierno y la Fiscalía venezolanos niegan la existencia de presos por razones políticas y sostienen que se trata de personas que han cometido diversos delitos, una postura rechazada por múltiples ONG y partidos opositores.
El caso de Maykelis Borges ha reavivado las denuncias sobre el trato a los presos políticos en Venezuela, especialmente a mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
Organizaciones de derechos humanos insisten en que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar atención médica adecuada y el respeto a la dignidad de todas las personas privadas de libertad.
(Con información de EFE)
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