La justicia dominicana ordenó este jueves el arresto de Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del club nocturno Jet Set, cuyo techo colapsó la madrugada del 8 de abril durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, provocando la muerte de 236 personas. Del total de víctimas, 221 cuerpos fueron recuperados del lugar del siniestro, mientras que las demás murieron posteriormente en centros hospitalarios. Se trata de una de las peores tragedias no naturales en la historia reciente del país caribeño.
La fiscalía de República Dominicana informó que los hermanos Espaillat fueron imputados por homicidio involuntario. Ambos se presentaron voluntariamente en la Procuraduría General de la República (PGR), donde quedaron bajo custodia.
Según el comunicado oficial, los propietarios del club incurrieron en “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al no intervenir físicamente para evitar el deterioro del techo, lo que contribuyó directamente a la tragedia. La fiscalía se apoya en un informe técnico elaborado por una comisión especial, entregado recientemente a la PGR, cuyos detalles aún no han sido revelados públicamente.
El colapso ocurrió mientras más de 500 personas asistían al evento. El desplome fue repentino y catastrófico. El popular cantante Rubby Pérez falleció en el lugar. Entre las víctimas también se contaron figuras públicas como el ex lanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel y la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz. Los equipos de rescate trabajaron durante más de dos días para extraer a los sobrevivientes y recuperar los cuerpos. En total, 189 personas fueron rescatadas con vida.
Jet Set funcionaba desde hacía 52 años, aunque el edificio que ocupaba, originalmente construido como cine, databa de 1994. La estructura, de doble altura, fue modificada con el tiempo sin un control riguroso de las autoridades.
Desde el aire, tras el colapso, se pudo observar un gran agujero en el techo y sobre la losa máquinas de aire acondicionado y plantas eléctricas de gran tamaño. Expertos señalaron que la sobrecarga de la estructura y la falta de fiscalización fueron factores determinantes. Persio Díaz, profesor de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), explicó en abril que “si tú sobrecargas una estructura no te va a soportar”.
El propio Antonio Espaillat había reconocido semanas atrás que el lugar presentaba filtraciones desde hacía años y que nunca fue sometido a supervisiones estructurales. En declaraciones anteriores, admitió que en lugar de reforzar el techo, se realizaron arreglos superficiales, como la colocación de paneles de yeso.
La tragedia provocó indignación pública y un fuerte reclamo de justicia. Más de 50 demandas civiles fueron interpuestas contra la familia Espaillat, que además lidera un conglomerado de medios y es propietaria de un restaurante. Las denuncias de un trato privilegiado hacia el empresario por parte de las autoridades aumentaron la presión social. El abogado de los imputados, Miguel Valerio, afirmó que sus defendidos están dispuestos a colaborar con la investigación judicial.
El gobierno dominicano reconoció tras el hecho un vacío legal en materia de regulación de infraestructuras y se comprometió a revisar la normativa vigente. Mientras tanto, el Ministerio Público deberá decidir si presenta cargos formales en las próximas 48 horas, como lo establece la ley.
(Con información de AP y AFP)
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