Diputados de oposición chilenos buscan endurecer las penas a delincuentes menores de edad

Por estos días el Congreso chileno tramita una iniciativa que endurece la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la que busca elevar el tiempo de internación en los recintos del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para los menores de 16 años que cometan delitos de alta gravedad como robos con violencia, violaciones y homicidios.

El proyecto fue presentado por Renovación Nacional aduciendo el aumento exponencial de delitos cometidos por menores con armas de fuego, fue aprobado en general -aún queda la votación en particular- y es respaldado sobre todo por la oposición, desde cuya vereda llamaron a aprobarlo con celeridad

Según la diputada Camila Flores (RN), quien incluso ha propuesto rebajar la edad de responsabilidad penal a los 12 años, los menores de edad “hoy día saben que delinquir no les va a costar nada y eso ha incentivado su participación en crímenes cada vez más violentos”.

“La idea que tengo como diputada es poder avanzar incluso en bajar la edad de imputabilidad penal. Pero este proyecto ya significa fortalecer el sistema actual, que hoy está quedando corto frente a la gravedad de los delitos”, agregó.

De la misma opinión fue el republicano Luis Fernando Sánchez, quien aseguró que en los dos últimos años “aumentaron los delitos cometidos por menores de edad a niveles que no veíamos hace muchos años”, criticando de paso la labor del Gobierno al respecto.

“La actitud que vimos en la Cámara de Diputados de parte del Ministro de Justicia y de parte de la Ministra de Desarrollo Social, yo creo que es inaceptable. Es de un nivel de obstruccionismo que no puede ser (...) se pusieron a hablar y hablar para dilatar el debate de este proyecto de ley”, acusó taxativo.

Amén de elevar el tiempo de reclusión, el proyecto considera además endurecer las penas en caso de fuga desde alguno de los centros de reinserción y consultar a las víctimas al momento de determinar algún beneficio.

¿Medidas efectivas?

De acuerdo a números del Ministerio Público, los delitos cometidos por menores de edad aumentaron un 9,8% en 2024, revirtiendo una tendencia que venía a la baja desde hace 10 años. Sin embargo, hace unas semanas el director de la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que “desde el derecho, desde la criminología, desde la psicología del desarrollo, una medida como esta no va a acabar ni va a disminuir las cifras“.

“Hay evidencia comparada de sobra que nos demuestra que efectivamente los aumentos de penas o las rebajas de edad no tienen este efecto disuasivo en la conducta penal adolescente”, sostuvo en conversación con Radio Universidad de Chile.

Quesille concordó con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien sostuvo que el problema no se arregla aumentando las penas ni rebajando la edad de imputabilidad de los menores, sino interrumpiendo sus carreras criminales.

“Yo creo que la estrategia más efectiva y que toma un tiempo (...) es cómo logramos que esos adolescentes no cometan delitos, porque la respuesta que el Estado da o que se exige frente a la comisión de delitos de los adolescentes, es una reacción, es decir, llega tarde, llega cuando el delito ya se cometió“.

Así, “esto parte desde la protección social, parte del fortalecimiento de los barrios, de mejorar la seguridad de los territorios donde hay riesgo de que los adolescentes cometan delitos, para que precisamente se pueda generar un ambiente libre de tráfico de drogas, con áreas verdes, con espacios deportivos, con acceso efectivo a salud, educación y vivienda, eso ya de por sí va a generar automáticamente una baja en la comisión de delitos”, razonó.

Finalmente, manifestó que “nuestra postura no obedece a que respondamos o tengamos una inclinación por un sector político o por otro. Nosotros hemos sido muy críticos con el Gobierno respecto de la forma en que se genera política pública del Estado, pero muchas veces también tenemos que ser críticos con la oposición de turno para efectos de poder manifestar cuando hay ciertos caminos que no cumplen con los estándares de derechos de niñas y adolescentes”.

“Lo que no queremos es politizar esta discusión, menos ahora que estamos en un contexto electoral y que muchas veces discursos como estos se exacerban producto del ambiente que se vive en el país”, remató.