En una verdadera bola de nieve se ha convertido un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló que 25.078 mil empleados públicos salieron del país luego de haber pedido licencias médicas, entre los años 2023 y 2024.
La noticia provocó repudio transversal y mientras desde la oposición aseguraron que recurrirán al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público a fin de perseguir y sancionar a los infractores, desde el Gobierno anunciaron una batería de informes y sumarios internos en todas las reparticiones apuntadas, que suman 788.
Este lunes, la contralora Dorothy Pérez llegó hasta la Comisión de Salud del Senado para explicar cómo se llevó a cabo el estudio, cita en la que realizó una severa crítica a los servicios públicos por no detectar estas malas prácticas a tiempo y anunció las medidas que el órgano fiscalizador implementará al respecto.
A modo de ejemplo, Pérez expuso el caso de una funcionaria de la Dirección de Presupuesto “con 332 días de licencias médicas que ejercía otras labores como psicóloga, y nosotros comprobamos a través del Servicio de Impuestos Internos que ella emitía boletas de honorarios en ese periodo y estaba además realizando actividades recreativas y lo publicaba en redes sociales, mientras estaba con su licencia médica”.
Otros casos corresponden a funcionarios que “se dedicaron a viajar por Europa mientras estaban con licencia médica o en comisiones de servicio en el extranjero y la extendieron para poder viajar hacia otro continente con su licencia médica. Algunos funcionarios hicieron completos sus estudios en el extranjero con licencia médica”, acusó.
En paralelo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, calculó en USD 300 millones las pérdidas solo en el gobierno central y esta jornada informó que 131 organismo públicos comenzaron a aplicar lo sumarios correspondientes.
Sumarios anuales y sanciones
A renglón seguido, la contralora general de la República anunció sumarios administrativos en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), el organismo encargado de evaluar el estado de salud de las personas y visar el pago de dichas licencias médicas; la Superintendencia de Seguridad Social y Fonasa, el seguro público de salud chileno, a fin de “verificar una eventual falta de control” en sus obligaciones, los que de ahora en adelante serán anuales.
Además, aseguró que también se fiscalizará a Capredena y Dipreca, instituciones de seguridad social encargadas de administrar las pensiones y beneficios para las policías y las Fuerzas Armadas.
Finalmente, indicó que el organismo tiene puesto el ojo en “aquellos funcionarios que juegan en ambas bandos, ”porque hay funcionarios públicos que durante su licencia médica extendida (…) se encuentran en realidad trabajando para otro empleador privado”.
Los primeros damnificados
Por la tarde, el presidente Gabriel Boric, quien se encontraba monitoreando los daños ocurridos tras el paso de un tornado por la ciudad de Puerto Varas, señaló que “la postura del Gobierno y la mía personal es que cuando se defrauda la fe pública, tiene que haber sanciones que sean drásticas y categóricas”.
“Quienes tengan que ser destituidos, tienen que ser destituidos. Acá no puede haber defensa corporativa de ningún tipo”, agregó taxativo.
De hecho, el primer damnificado resultó ser Raúl Domínguez Bastidas, jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), un viejo amigo y compañero del colegio del mandatario, quien presentó su renuncia el viernes pasado tras revelarse que viajó a Europa luego de haber emitido una licencia.
El segundo fue Marcos Barraza (PC), ex ministro de Desarrollo Social y Familia del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quien renunció este lunes a su puesto como asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social tras aparecer en el listado de funcionarios que viajaron fuera del país con licencia, mientras trabajaba como jefe de gabinete de la ex edil de Santiago, Irací Hassler.
Finalmente, el Partido Republicano suspendió la militancia del alcalde de la comuna santiaguina de Macul, Eduardo Espinoza, quien visitó la ciudad peruana de Tacna estando con licencia médica el año pasado.
Últimas Noticias
Mercosur acelera la ratificación del acuerdo comercial con la UE ante la resistencia europea y la amenaza judicial
Los cuatro socios permanentes del bloque iniciarán los trámites parlamentarios en febrero con amplio consenso político, mientras Paraguay presiona desde Davos para una implementación transitoria que sortee el veto de Francia y la demanda de la Eurocámara
Chile: lo grabaron teniendo sexo en su oficina, se hizo viral, lo despidieron y ahora demanda a su empleador por USD 230 mil
El funcionario, un ingeniero informático de la Municipalidad de Vitacura, acusa “discriminación y daño moral” de parte del municipio santiaguino
Chile: así es el plan económico del futuro gobierno de José Antonio Kast
El flamante ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, detalló que contempla 40 medidas y una reforma tributaria
El monitoreo de Acción Ciudadana indica persistencia de impunidad en la justicia salvadoreña
Un análisis reciente advierte que la mayoría de las denuncias no llega a tener fallo condenatorio, situación que se atribuye a deficiencias presupuestarias y sobrecarga laboral
La justicia civil panameña enfrenta su primera prueba tras 100 días del nuevo código
El Órgano Judicial reporta avances, pero advierte que la falta de jueces y presupuesto podría frenar la reforma.
