Una álgida polémica provocó un reciente estudio elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), el que arrojó que alrededor de 25.078 mil empleados públicos salieron de vacaciones fuera del país luego de haber pedido licencias médicas entre los años 2023 y 2024.
La noticia provocó repudio transversal y mientras desde la oposición aseguraron que recurrirán al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público a fin de perseguir y sancionar a los infractores, desde el Gobierno anunciaron una batería de informes y sumarios internos en las reparticiones apuntadas.
Según el informe, consignado por Bío Bío, un 69% de dichas licencias fueron emitidas a usuarios del sistema de salud público (Fonasa) y un 31% a usuarios del sistema privado (Isapres), siendo el promedio de reposo incumplido recetado por los médicos de 17,7 días.
La desfachatez de algunos fue tal que incluso existe un caso donde un trabajador del área de la salud se emitió una licencia a sí mismo y luego se fue de vacaciones al extranjero.
13 de las 788 oficinas gubernamentales apuntadas concentran el 25% de dichos permisos médicos (8.893), siendo la Junta Nacional de Jardines Infantiles (2.280 licencias) y la Fundación Integra (1.934) las que ocupan los primeros lugares con un 12% del total (4.214 licencias), dato no menor, puesto que ambas instituciones son las encargadas de la educación primaria en el país.
Como era de esperar, la región Metropolitana lidera el listado (43,7%), seguida de la región de Arica y Parinacota (16,9%) y la de Magallanes con el 10% de las salidas del país.
Denuncia ante el CDE y Ministerio Público
Las reacciones no se hicieron esperar y desde el Congreso, el diputado Miguel Mellado (RN) abrió los fuegos asegurando que “nosotros vamos a hacer una denuncia en la Fiscalía por fraude al fisco. Ya basta de abusos. Basta que le metan la mano al bolsillo a todos los chilenos. Estas licencias se pagan con plata de todos los chilenos, por lo tanto, la denuncia por fraude al fisco va”, consignó Emol.
Sus palabras fueron refrendadas por el diputado radical Tomás Lagomarsino, quien se declaró “indignado”. “Nos conmociona que 25.078 funcionarios públicos, mientras estaban con licencia médica, hayan salido del país, lo cual claramente habla de que dichas licencias médicas eran y son injustificadas y que tensionaron y todavía tensionan el presupuesto de salud (...) eso es malversación de recursos fiscales”.
De la misma opinión fue el diputado Daniel Lilalayú (UDI), quien informó que su partido oficiará “a todos los organismos pertinentes que sean necesarios para perseguir a aquellos funcionarios públicos que han lesionado la fe pública, que están ocupando recursos todos los chilenos y también de aquellos que los emiten”.
Finalmente, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, detalló que “vamos a pedir al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que inicie las acciones legales para perseguir la restitución del robo en que han incurrido más de 25.000 funcionarios públicos (...) Vamos a oficiar a cada ministerio, a cada gobierno regional y a cada municipalidad para que se persiga la restitución de estos fondos públicos”, cerró.
Las medidas del Gobierno
En paralelo, el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que el Gobierno ya se encuentra trabajando en varias medidas a fin de establecer responsables, entre ellas sumarios en cada repartición pública señalada, cuyos resultados irán directo al CDE para que inicie las acciones correspondientes.
“Queremos ser muy enfáticos, nosotros condenamos estos hechos. El gobierno desde hace un tiempo viene impulsando un número importante de medidas para evitar el abuso en materia de licencias médicas”, indicó.
La autoridad recordó que “cuando se presenta una licencia médica falsa, finalmente o se le hace daño a los demás cotizantes del sistema, que tienen que financiarla, o el Estado tiene que poner recursos adicionales también para financiarlas”.
Debido a esto, la primera medida ya fue puesta en marcha y se “está solicitando un informe a todos los ministerios y servicios. En segundo lugar, se va a instruir para que inicien los sumarios internos”, agregó.
Finalmente, dichos antecedentes irán directo "al Consejo de Defensa del Estado para que analice acciones civiles y penales (…) la señal que queremos dar es que con los recursos públicos hay que ser responsables”, remató Elizalde.
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