Prisoners Defenders denunció el aumento de los presos políticos en Cuba bajo un marcado racismo estructural

En un contexto de creciente represión y discriminación racial, Cuba vio un aumento en el número de presos políticos: la cifra alcanzó un total de 1.155 a finales de abril.

De acuerdo con Prisoners Defenders, una organización que monitorea los derechos humanos en la isla, el 73% de estos prisioneros son afrodescendientes, a pesar de que este grupo representa solo el 33,7% de la población cubana. Este desproporcionado encarcelamiento de afrodescendientes es un claro reflejo del racismo estructural que persiste en el país.

El informe de la ONG destaca que, de los siete nuevos presos políticos registrados en abril, cinco son afrodescendientes. Esta tendencia se enmarca en un patrón más amplio de discriminación racial, donde los afrodescendientes son frecuentemente objeto de persecución y violencia por parte del régimen cubano.

Según el reporte, las políticas gubernamentales han fracasado en reducir la desigualdad racial, perpetuando, en cambio, un sistema de elitismo blanco que se refleja en las estructuras de poder del país. En el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista, por ejemplo, el 85% de los miembros son blancos, mientras que solo el 15% son afrodescendientes.

El racismo en Cuba no solo se manifiesta en la política, sino también en la vida cotidiana de los afrodescendientes, quienes a menudo residen en barrios marginales y enfrentan condiciones de vida insalubres.

Activistas, manifestantes y artistas afrodescendientes son detenidos y tratados como delincuentes comunes, enfrentando amenazas constantes de encarcelamiento y siendo objeto de insultos racistas por parte de las autoridades, indicó el informe.

Un estudio integral sobre la tortura en Cuba, realizado por Prisoners Defenders en 2023, reveló que el insulto “negro de mierda” es comúnmente dirigido a los prisioneros políticos afrodescendientes.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas expresó su “profunda preocupación” por las denuncias de acoso y criminalización de defensores de derechos humanos, especialmente aquellos que trabajan en favor de los afro.

El informe del CERD subrayó que la población afrodescendiente en Cuba sigue siendo víctima de racismo y discriminación estructural, lo que se refleja en la desigualdad en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Además, la falta de datos estadísticos fiables sobre la población afrodescendiente dificulta la implementación de políticas públicas efectivas para combatir la discriminación.

La represión también se extiende a las organizaciones religiosas afrocubanas, como la religión Yoruba, que enfrentan restricciones y persecuciones por parte del régimen. La Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Partido Comunista creó organizaciones estatales que simulan ser religiosas para controlar y limitar la práctica independiente de estas religiones.

Los líderes religiosos que se oponen a integrarse en las asociaciones oficiales son objeto de hostigamiento, detenciones arbitrarias y amenazas de sanciones judiciales.

El caso de Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, es emblemático de la represión contra los artistas afrodescendientes. Detenido en 2021, cumple una condena de nueve años por cargos de desacato y desórdenes públicos, en un proceso que Prisoners Defenders y Amnistía Internacional han calificado de arbitrario. Otros artistas, como Luis Manuel Otero Alcántara y Fernando Almenares Rivera, también fueron encarcelados por su activismo y expresión artística.

La situación de los presos políticos en Cuba es alarmante, con 456 presos sufriendo de patologías médicas graves y 38 con trastornos mentales severos, sin recibir el tratamiento adecuado.

La represión se extiende a jóvenes afrodescendientes, quienes son condenados bajo la figura de “Desobediencia Penal Precriminal”, una medida que permite encarcelar a personas sin que hayan cometido un delito bajo el pretexto de ser “proclives a delinquir”.

Esta práctica, heredada del antiguo Código Penal, sigue vigente y afecta a más de 11.000 personas, en su mayoría afrodescendientes, remarcó el informe.

Por último, subrayó que la comunidad internacional, a través de organismos como las Naciones Unidas, condenó estas prácticas e instó a la dictadura cubana a respetar los derechos humanos y a implementar políticas que promuevan la igualdad racial. Sin embargo, el régimen continúa perpetuando un sistema de discriminación y represión que afecta desproporcionadamente a la población afrodescendiente en la isla.