
El ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, informó que solicitará la detención preventiva de la juez Lilian Moreno, quien está acusada por prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales, luego de haber anulado la imputación y orden de captura contra el ex presidente Evo Morales (2006-2019).
Siles indicó que la resolución dictada por la juez Moreno es “arbitraria, ilegal y delincuencial” y que una vez que el Gobierno sea notificado con la imputación de la jurista, presentarán los riesgos procesales para su detención.
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La juez Moreno emitió el 30 de abril una acción de libertad en favor de Morales, que está investigado por el delito de trata de personas por presuntamente haber abusado sexualmente de una menor de edad durante su Presidencia. Con el fallo de Moreno, que hacía referencia a una sentencia que emitida en octubre, Morales quedaba liberado de la orden de captura, la imputación y el arraigo que pesan en su contra. “Tiene libertad irrestricta”, aseguraron los abogados del ex presidente.

Sin embargo, dos días después un abogado de La Paz revocó ese fallo y restituyó todos los actos procesales que involucran al expresidente, por lo que el mandamiento de arresto volvió a estar en vigencia. Morales lleva más de 200 días atrincherado en la región cocalera de Cochabamba, al centro del país, donde sus seguidores lo custodian para evitar su detención.
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Tras darse a conocer el fallo de la juez Moreno, varios operadores de justicia se manifestaron en contra y anunciaron investigaciones disciplinarias y sanciones en caso de evidenciarse que la jurista actuó de manera contraria a las leyes. El presidente del Tribunal de Justicia, Romer Saucedo, publicó en su cuenta de X que “no comparte” la posición de la juez y la acusó de “burlarse de la justicia”.
Este lunes, Moreno fue detenida por la Policía en la ciudad oriental de Santa Cruz y trasladada a la sede de Gobierno, donde pasó la noche en celdas policiales y aguarda su audiencia cautelar. Moreno está acusada por prevaricato y resoluciones contra la Constitución.
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Horas antes de su captura, la juez había denunciado, en un audio enviado al programa Asuntos Centrales, presiones, amenazas y una serie de actos de amedrentamiento en su contra. Por otro lado, sus familiares manifestaron ante los medios locales que la detención de la jurista se produjo de manera ilegal porque no le mostraron ninguna orden de arresto.

En tanto, el ex presidente Morales criticó la detención de Moreno y dijo que el Gobierno de Luis Arce, su antiguo ministro de Economía, instauró un “terrorismo de Estado” en el país. “Desde hace tiempo voy denunciando que en Bolivia, con el gobierno actual, no hay Estado de Derecho. Aquí rige el terrorismo de estado que difama, persigue y encarcela a los bolivianos que piensan diferente”, escribió Morales en su cuenta de X.
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De igual forma, el ex gobernante pidió atención a los organismos internacionales ante lo que considera un acto de “irrespeto de los derechos humanos y constitucionales” de la administración de Arce en contra de “ciudadanos indefensos, perseguidos y amenazados permanentemente”.
Morales enfrenta varios procesos legales que considera parte de una campaña de lawfare para eliminarlo del escenario político e impedir su candidatura en los próximos comicios nacionales previstos para el 17 de agosto, a los que busca presentarse pese a estar inhabilitado por la Justicia.
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