Carlos Fernando García Rubio, ex viceministro de Gobernación durante el Gobierno de Alejandro Giammattei, fue arrestado este miércoles por su presunta participación en el asesinato de Hansel Ernesto Szarata Valdéz, jefe del departamento legal del Congreso de Guatemala.
El crimen ocurrió en la madrugada del 5 de abril, cuando Szarata Valdéz fue asesinado a tiros en las afueras de un centro comercial en la Ciudad de Guatemala.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó, a través de sus canales oficiales, que la detención de García Rubio fue posible gracias a un análisis forense de un video, que permitió identificar al implicado.
“Esta detención se desarrolla como resultado de un análisis forense de video, donde se establece la participación de una persona en el hecho criminal, por lo que se individualiza y posteriormente se sugiere al Ministerio Público la orden de aprehensión”, indicó la policía.
La orden de arresto fue emitida por un juzgado bajo el delito de homicidio, y García Rubio fue capturado en Mixco, municipio al oeste de la capital guatemalteca.
El ex viceministro de Gobernación, quien fue designado para el cargo en 2021, enfrenta ahora cargos relacionados con el asesinato de Szarata Valdéz, ocurrido en una zona cercana a un centro comercial en el este de la Ciudad de Guatemala.
Según la Policía Nacional Civil, García Rubio ejerció funciones en 2021 como viceministro de Prevención de la Violencia y del Delito en el Ministerio de Gobernación. Su arresto se enmarca en un contexto de creciente violencia en el país. Durante los primeros dos meses de 2025, la policía guatemalteca registró 504 homicidios, lo que representa un aumento del 31% respecto al mismo periodo en 2024.
Giammattei y varios de sus funcionarios fueron sancionados por Estados Unidos en enero de 2024, al finalizar su Gobierno, bajo acusaciones de corrupción. El arresto de García Rubio es uno de los muchos casos que siguen llamando la atención en el país, donde la violencia y la inseguridad siguen siendo temas centrales de preocupación.
Por otro lado, Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo Sostenible, fue acusado de terrorismo y sedición por su presunta responsabilidad en “actos violentos” durante las protestas de 2023.
Las manifestaciones estaban relacionadas con el rechazo a los intentos de la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras Argueta, de invalidar los resultados de las elecciones presidenciales de 2023, en las que Bernardo Arévalo resultó ganador.
El fiscal contra el crimen organizado, Kalyber Bladimiro, detalló que Pacheco y Héctor Chaclán, uno de los líderes de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán, fueron detenidos por su implicación en “actos violentos y bloqueos” en 2023.
La Fiscalía también señaló que otros tres individuos tienen órdenes de captura y serán incluidos en el mismo proceso penal.
Pacheco, quien fue uno de los líderes indígenas que defendió la victoria de Arévalo, fue trasladado al Organismo Judicial en la capital guatemalteca, donde el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal deberá conocer los motivos de su detención. La Fiscalía ha declarado el caso bajo reserva.
En respuesta a estos hechos, Ángel Pineda, Secretario General de la Fiscalía, rechazó las declaraciones del presidente Arévalo, quien calificó a los integrantes del Ministerio Público de “criminales” y expresó que la detención de su viceministro era un “ataque contra el pueblo de Guatemala”.
Arévalo también instó al Congreso guatemalteco a agilizar los procedimientos para lograr la destitución de la fiscal general Consuelo Porras, quien ha estado al frente de varias investigaciones contra funcionarios del actual Gobierno.
Este miércoles, organizaciones indígenas, como la alcaldía indígena de Sololá, se declararon en asamblea permanente y manifestaron su rechazo a la detención de Pacheco, considerándola un ataque a su derecho a manifestar. No descartaron realizar movilizaciones en los próximos días.
(Con información de EFE)
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