Visiblemente emocionada, la senadora socialista Isabel Allende le dijo adiós este martes a 30 años de trabajo legislativo en el Congreso luego de ser cesada en su cargo por el Tribunal Constitucional (TC) tras la fallida compraventa de la casa de su padre, el ex presidente Salvador Allende, por parte del Estado para convertirla en museo.
La noticia de la adquisición -por un valor de 933 millones de pesos (USD 936 mil)- circuló el último día de 2024, pero apenas iniciado el nuevo año estalló el escándalo.
Y es que la Constitución establece que durante el ejercicio de su cargo los ministros y parlamentarios tienen prohibido “celebrar o caucionar contratos con el Estado”, so pena de ser removidos de sus puestos.
La causa se abrió tras una querella por fraude al fisco estampada por el abogado militante del Partido Republicano, Raimundo Palamara, en representación de la Fundación Fuerza Ciudadana y todo el asunto fue calificado como un error no forzado o un “autogol” del gobierno de Gabriel Boric, que le costó el puesto también a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval y a la nieta de Salvador Allende y ministra de Defensa, Maya Fernández.
Mediante un discurso en el que realizó sus descargos y fustigó también al Gobierno, la parlamentaria comenzó señalando: “Me veo hoy en la necesidad y en el deber de hablar en uno de los momentos más duros y difíciles de mi vida”.
“No es fácil dirigirme a ustedes, probablemente sea mi última intervención en esta Sala”, prosiguió quebrándose en lágrimas, ocasión en la que sus pares en el Congreso la instaron a seguir con un aplauso cerrado de aliento.
“Deseaba despedirme de ustedes, mis colegas de tantos años, y transmitir en breves palabras toda una historia y una vida dedicada al servicio público desde este Congreso Nacional. Me resulta aún más difícil, considerando la manera abrupta en la que terminan más de 30 años de servicio a mi país”, prosiguió.
“En los próximos días se conocerá el fallo del Tribunal Constitucional, como corresponde, en una democracia, este fallo será acatado. Pero acatar no significa guardar silencio, acatar no significa renunciar a expresar el profundo dolor que esta decisión representa”, agregó.
La crítica al gobierno
A continuación, Allende asumió su responsabilidad en todo el asunto asegurando que “no rehúyo mi responsabilidad, pero no soy abogada. Jamás he tenido contrato alguno con el Estado y no tengo y nunca he tenido una empresa y, ante todo, actué confiando en la institucionalidad”, indicó.
Sin embargo, a renglón seguido lanzó sus dardos al Gobierno de Gabriel Boric subrayando que “confié plenamente en los órganos encargados de llevar adelante la adquisición de la casa familiar, donde funcionaría la casa-museo del presidente Salvador Allende, y lo hice convencida de que se trataba de un acto de memoria, de reparación y de futuro”.
“En ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional”, remarcó.
Cabe señalar que hace solo unos días, la jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, reconoció que conocía la inhabilidad de Isabel Allende y Maya Fernández para realizar la compra-venta, pero se excusó de no haber dado la voz de alerta arguyendo que su trabajo se limitaba a “la revisión técnico-legal de este acto administrativo”.
La senadora socialista prosiguió su alocución sosteniendo que “mi trayectoria habla por sí sola y esa trayectoria, que me permito calificar como honesta y transparente, es la mejor prueba de lo absurdo que resulta pensar en una intención maliciosa de mi parte”.
“Esto es una enorme injusticia, en un caso donde se ha aplicado, a nuestro juicio, erróneamente la ley, pero no se ha hecho justicia”, dijo taxativa.
“Hoy enfrento una sanción que yo considero injusta, la vivo con dolor, pero también con la tranquilidad que da la conciencia limpia”, remató.
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