El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, designó este sábado a Cynthia Gellibert como vicepresidenta constitucional, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolviera que la suspensión por dos años de los derechos políticos de la vicepresidenta electa en las urnas, Verónica Abad, implica su inhabilitación inmediata para ejercer cualquier cargo público.
La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por Noboa durante su viaje oficial a Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Donald Trump, entre otras actividades.
Gellibert, quien ocupa el cargo de secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, con rango de ministra, ya había sido designada por decreto como vicepresidenta encargada durante la campaña de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 9 de febrero.
Ahora, con base en el artículo constitucional que faculta al presidente a designar a un ministro o ministra de Estado como reemplazo en caso de “ausencia temporal” de la Vicepresidencia, Noboa formalizó su nombramiento. En el mismo decreto, el mandatario dispuso que se mantenga la seguridad oficial tanto para Gellibert como para Abad.
El Ministerio de Trabajo registró el sábado el impedimento legal de Abad para ejercer cargos públicos, en cumplimiento de la resolución del TCE. Sin embargo, Abad sostiene que la suspensión de sus derechos políticos no equivale a una destitución y cuestionó la decisión del tribunal, publicando en su cuenta de X la etiqueta #GolpeDeEstadoJudicial.
El origen de la sanción impuesta por el TCE radica en una contrademanda por violencia política de género presentada contra Abad por la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, tras haber sido inicialmente denunciada por la propia Abad junto a Noboa y otros miembros del Gobierno.
En su demanda original, la vicepresidenta acusaba al mandatario de liderar un acoso institucional en su contra con el objetivo de forzarla a dimitir, impidiéndole asumir funciones presidenciales durante la campaña.
El TCE desestimó la denuncia de Abad y falló a favor de Sommerfeld, condenando a la vicepresidenta a dos años de suspensión de derechos políticos y al pago de una multa de 14.000 dólares.
La resolución no estuvo exenta de controversia dentro del propio tribunal. El juez Fernando Muñoz emitió un voto salvado, al considerar que la Constitución ecuatoriana no contempla vías distintas a la Asamblea Nacional para destituir o inhabilitar al presidente o vicepresidente en funciones.
La designación de Gellibert ocurre en plena campaña para la segunda vuelta electoral, que definirá el periodo presidencial 2025-2029 entre Noboa y la candidata correísta Luisa González.
La legislación ecuatoriana obliga al jefe de Estado a solicitar licencia sin remuneración para participar en campaña electoral y a delegar sus funciones a quien ocupe la Vicepresidencia.
Sin embargo, Noboa no ha solicitado licencia para el periodo completo de campaña, como tampoco lo hizo durante la primera vuelta, cuando delegó sus funciones solo en días específicos a Gellibert, a través de decretos puntuales.
(Con información de EFE y EP)
Últimas Noticias
Rodrigo Paz creó una comisión para investigar la presunta corrupción durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce
“Esto no es venganza, esto es justicia”, sostuvo el presidente boliviano durante el acto realizado en la sede de la Procuraduría General del Estado
Disturbios en Honduras impiden el inicio del escrutinio especial y profundizan la incertidumbre por los resultados
Las protestas en el centro logístico electoral en Tegucigalpa obligaron a desplegar fuerzas de seguridad y retrasan la definición presidencial
Buques petroleros cancelan operaciones hacia Venezuela tras la incautación de un cargamento por parte de Estados Unidos
Al menos cuatro supertanqueros, programados para recoger petróleo venezolano en las próximas semanas, alteraron su ruta y ya no operan en los puertos del país caribeño
El régimen de Nicolás Maduro suspendió el suministro de gas a Trinidad y Tobago por su apoyo a operaciones militares de Estados Unidos
La decisión de la dictadura venezolana responde a la supuesta colaboración de Puerto España en la confiscación de un petrolero y a la instalación de equipos tácticos de Washington en su territorio
Trinidad y Tobago aprobó el uso de sus aeropuertos por aviones militares de Estados Unidos para combatir el narcotráfico
El Gobierno de Kamla Persad-Bissessar aclaró que las operaciones tendrán carácter logístico y se enmarcan en acuerdos de cooperación en seguridad con Washington en medio de su despliegue en el Caribe
