El régimen de Nicolás Maduro suspendió el suministro de gas a Trinidad y Tobago por su apoyo a operaciones militares de Estados Unidos

El régimen de Venezuela anunció este lunes la suspensión de todos los acuerdos y contratos energéticos con Trinidad y Tobago, en respuesta al apoyo de ese país al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y a la autorización otorgada por Puerto España para el uso de sus aeropuertos en operaciones logísticas de aeronaves militares estadounidenses, en el marco de la ofensiva regional contra el narcoterrorismo.

El anuncio lo realizó la ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, quien acusó abiertamente a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, de alinearse con los intereses de Estados Unidos para “agredir a Venezuela”.

La ruptura en las relaciones energéticas fue comunicada a través de un mensaje dirigido tanto al gobierno trinitense como a la comunidad internacional. “El presidente Nicolás Maduro ha decidido extinguir de manera inmediata cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural”, indicó la funcionaria chavista tras asegurar que Venezuela “no permitirá que ningún ente colonial y sus vasallos atenten contra la sagrada soberanía del país”.

El detonante de la decisión fue la confiscación del buque “Skipper” el pasado 10 de diciembre. La nave transportaba aproximadamente 1,9 millones de barriles de crudo pesado pertenecientes a la estatal PDVSA y navegaba bajo bandera falsa. Equipos armados de la Guardia Costera y el Departamento de Defensa de Estados Unidos abordaron el buque en aguas internacionales, ejecutando la operación tras una orden emitida por un juez estadounidense.

Washington justificó la medida señalando vínculos previos entre el petrolero y el contrabando de crudo iraní, en sintonía con su política de máxima presión contra empresas que ayudan al régimen de Maduro a evadir sanciones.

Para Caracas, sin embargo, se trató de “un acto de piratería y robo descarado”, que según la dictadura chavista, constituye una “grave violación del Derecho Internacional” y de los principios de libre navegación.

La reacción venezolana no se limitó a la denuncia diplomática, sino que se dirigió directamente contra Trinidad y Tobago, a quien acusa de facilitar la operación mediante la instalación de tecnología militar estadounidense y la apertura de sus aeropuertos y puertos para las fuerzas armadas de Washington.

“Kamla Persad-Bissessar ha convertido el territorio de Trinidad y Tobago en un portaaviones estadounidense”, criticó Rodríguez al describir la supuesta “agenda hostil” desde Puerto España.

La crisis ocurre mientras Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval sin precedentes en el Caribe, como parte de una ofensiva regional contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El dictador Nicolás Maduro señala que este operativo encubre intentos de presionar un cambio de régimen. Por su parte, el gobierno trinitense y sus socios en Washington sostienen que todas las acciones están orientadas a reforzar la seguridad regional y evitar que los recursos energéticos terminen financiando operaciones ilícitas.

Los acuerdos energéticos entre Caracas y Puerto España venían ya deteriorándose por presión estadounidense y el endurecimiento de sanciones en los últimos años. La decisión de cortar el suministro de gas natural intensifica la tensión bilateral y amenaza con afectar planes conjuntos para el desarrollo de proyectos en campos gasíferos fronterizos, un tema clave para la economía energética caribeña.

La declaración venezolana ratifica la fractura entre el régimen de Nicolás Maduro y los gobiernos alineados con la política estadounidense en la región, y eleva una nueva barrera para la cooperación, en un contexto donde Venezuela insiste en posicionar la narrativa de “soberanía agredida”.

Para Trinidad y Tobago, la ruptura supone un desafío adicional en la búsqueda de fuentes seguras de energía y en su papel estratégico como socio regional bajo la égida de Washington.

A medida que se agrava la confrontación en un Caribe cada vez más militarizado y con mayor presión estadounidense, la suspensión del suministro de gas impone costos a ambas partes y aumenta la incertidumbre en la agenda energética y diplomática regional.

(Con información de EFE y Europa Press)