El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, presentó este lunes en El Alto la Comisión de la Verdad que investigará la presunta corrupción en el sector de los hidrocarburos durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS). El mandatario afirmó que el objetivo del organismo será recuperar los recursos presuntamente desviados y llevar ante la Justicia a quienes resulten responsables.
“Esto no es venganza, esto es justicia”, sostuvo Paz durante el acto realizado en la sede de la Procuraduría General del Estado, donde formalizó la creación de la comisión y dio a conocer a sus integrantes. El jefe de Estado señaló que las investigaciones se centrarán en las políticas de nacionalización e industrialización de los hidrocarburos aplicadas entre 2006 y 2025.
Según el presidente, del total del combustible importado que se vende en el mercado interno con precio subvencionado, alrededor del 40 % habría sido desviado de forma irregular. Paz afirmó que la comisión deberá establecer las responsabilidades administrativas y penales, así como el destino final de esos recursos.
El mandatario sostuvo además que el daño económico asociado a la subvención de combustibles habría oscilado entre 800 y 1.000 millones de dólares por año. En Bolivia, el litro de gasolina y diésel se vende a un precio cercano a los 0,53 dólares, una tarifa que se mantiene prácticamente sin cambios desde hace más de dos décadas y que representa un costo anual para el Estado superior a los 2.000 millones de dólares.
La creación de la comisión se produce en un contexto de tensión por los problemas de abastecimiento de carburantes que el país arrastra desde 2024. Durante varios meses se registraron largas filas de vehículos en estaciones de servicio, en algunos casos de varios kilómetros, una situación que, según el Gobierno, se ha vuelto menos frecuente desde que Paz asumió el cargo el pasado 8 de noviembre.
Paz adelantó que esta comisión será la primera de varias instancias investigadoras que impulsará su Ejecutivo y que no tendrán un plazo de funcionamiento definido. También afirmó que se trabajará para rastrear fondos presuntamente desviados a cuentas en el exterior, con el objetivo de repatriarlos. “La dimensión del monstruo de corrupción que ha generado el Gobierno de Arce y de Evo nos da para cinco años de denuncias”, declaró.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que el Ejecutivo ha identificado dos grandes ejes sobre los que se habría montado una “estructura de saqueo”: el sector de los hidrocarburos y el de las empresas públicas y plantas de industrialización. Lupo calificó ese proceso como una “crónica de una estafa anunciada”.
Desde el área de Transparencia, el viceministro Yamil García afirmó que la prioridad será que las investigaciones se desarrollen con criterios técnicos y objetivos, de modo que la información recopilada pueda ser remitida a la Fiscalía. García detalló que se analizará el destino de los recursos del sector, los proyectos ejecutados mediante contrataciones directas, aquellos que omitieron trámites legales y los que quedaron paralizados o no entraron en funcionamiento.
La ofensiva del Gobierno de Paz contra las anteriores administraciones del MAS se da en un escenario político marcado por procesos judiciales de alto impacto. El ex presidente Luis Arce fue encarcelado el viernes por un periodo de cinco meses, en el marco de una investigación por presunta corrupción en el manejo de un fondo estatal destinado a proyectos indígenas, correspondiente a su gestión como ministro de Economía durante el Gobierno de Morales.
Por su parte, Evo Morales permanece desde octubre de 2024 en su bastión sindical y político en el centro del país para evitar ser detenido. El ex mandatario es investigado por la presunta comisión de un delito relacionado con una relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo un hijo mientras ejercía la Presidencia.
La creación de la Comisión de la Verdad marca un nuevo capítulo en la confrontación entre el actual Gobierno y el ciclo político liderado por el MAS, y abre un proceso que, según el Ejecutivo, buscará esclarecer el uso de los recursos estratégicos del país, pero que también anticipa una prolongada disputa judicial y política en torno al legado de los últimos casi veinte años de gestión estatal.
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