La ministra de Energía advirtió posible sabotaje en la fuente de agua de Quito: el Municipio solicitó apoyo militar

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, declaró en entrevistas con Teleamazonas y Ecuavisa que el derrame de petróleo ocurrido en Esmeraldas podría haber sido un acto de sabotaje. Según la funcionaria, un informe de inteligencia policial entregado a la gerencia de Petroecuador indicaría que el evento no fue producto únicamente de un deslizamiento de tierra, sino de una acción deliberada para afectar la infraestructura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Estas declaraciones fueron respaldadas por información adicional que, según la ministra, señalaría intentos de sabotaje en otras áreas estratégicas del país, incluyendo el sistema de agua que abastece a Quito.

El 20 de marzo de 2025, en entrevista con Teleamazonas, Manzano afirmó que el supuesto sabotaje en Esmeraldas “no termina con el tema del SOTE”, sino que hay alertas de posibles ataques en otros puntos clave. “La información que tenemos es que va hacia Papallacta (…), la fuente de agua potable para el municipio de Quito. Así que el alcalde Pabel Muñoz dígale a la gente que está haciendo sabotaje que también sabemos de dónde es”, sostuvo la ministra. En la misma línea, mencionó que otras zonas en riesgo serían Auca, en la provincia de Orellana, con posibles afectaciones en los ríos Rumiaku, Tiputini y Napo.

Un día después, en entrevista con Ecuavisa, Manzano insistió en la hipótesis del sabotaje y afirmó que la investigación sobre el derrame de petróleo en Esmeraldas está en curso. “Este es un informe que llega a la gerencia general de Petroecuador y debe de tener todos los sustentos respectivos (…). Si realmente hubo intención de sabotaje, esto no es contra el gobierno, esto es contra el bienestar de las personas”, aseguró. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre las pruebas específicas de que el derrame fue provocado, la ministra admitió que ella no ha leído el informe completo, sino un resumen ejecutivo. “Me imagino que sí (hay pruebas), porque tenemos que también creer en inteligencia”, respondió.

Estas declaraciones generaron una reacción inmediata en el Municipio de Quito, que emitió un comunicado el mismo 20 de marzo, señalando que no se ha identificado ninguna amenaza contra el sistema de abastecimiento de agua. “El Municipio de Quito informa a la ciudadanía que no se ha identificado ningún evento que pueda provocar riesgo de contaminación en dichas locaciones”, precisó la administración local. No obstante, ante la alarma generada, el alcalde Pabel Muñoz (del correísmo) solicitó al Ministerio de Defensa la militarización del Sistema Papallacta Integrado “con el fin de asegurar su funcionamiento y la provisión segura de agua potable en el Distrito Metropolitano”.

El Municipio también informó que la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) ha desplegado personal técnico para monitorear la infraestructura y garantizar la seguridad del suministro. Además, el alcalde presentó una notitia criminis ante la Fiscalía General del Estado para que investigue la alerta generada por la ministra.

En el contexto del derrame de petróleo en Esmeraldas, la ministra Manzano afirmó que el gobierno sigue atendiendo la emergencia. Según sus declaraciones a Ecuavisa, el derrame afectó a más de 3.753 personas, especialmente en Quinindé, Río Verde y Esmeraldas. Informó que la Armada del Ecuador ha movilizado tres buques para distribuir agua potable y que se han contratado 50 tanqueros adicionales. Respecto a la cantidad de petróleo derramado, Manzano indicó que Petroecuador reportó 3.800 barriles, aunque reconoció que no se ha dado una cifra exacta sobre cuántos han sido recuperados.

Sobre las investigaciones en curso, la ministra afirmó que la Fiscalía deberá determinar si existió sabotaje. “Mire, todos los informes, por ser confidenciales, seguramente tendrán que ser revisados en la parte de investigación previa”, dijo. También mencionó que se están investigando presuntas irregularidades dentro de Petroecuador, incluyendo la supuesta apertura no autorizada de un dique en el río Cube, que habría afectado la contención del derrame.