El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador suspendió el jueves los derechos de participación política de la vicepresidenta Verónica Abad por un período de dos años, al determinar que incurrió en violencia política de género contra la canciller Gabriela Sommerfeld, quien la denunció ante el organismo electoral.
La decisión fue emitida por el juez electoral Guillermo Ortega, quien dictaminó que Abad cometió una infracción clasificada como “muy grave” en la legislación ecuatoriana, por lo que además de la suspensión de sus derechos políticos, le impuso una multa superior a 14.000 dólares y le ordenó ofrecer disculpas públicas a la ministra de Relaciones Exteriores.
El proceso judicial se inició tras la denuncia presentada por Gabriela Sommerfeld, quien argumentó que Abad realizó declaraciones que afectaron su imagen y reputación tanto a nivel nacional como internacional.
Durante la audiencia celebrada la semana pasada, la defensa de Sommerfeld presentó pruebas en las que se mostraban declaraciones de la vicepresidenta en las que afirmaba haber sido “amordazada” y “secuestrada” por la canciller. Estas expresiones fueron consideradas como actos de violencia política de género, al menoscabar la imagen de una funcionaria en ejercicio de sus funciones.
La vicepresidenta mantuvo un conflicto abierto con el presidente Daniel Noboa y con varios miembros de su gobierno. En medio de este enfrentamiento, Noboa decidió delegarle la función de embajadora en Israel, aunque posteriormente la reasignó a Turquía, lo que Abad denunció como un “exilio forzoso” y una estrategia para impedir que pueda asumir la presidencia en caso de ausencia del mandatario.
Según la Constitución de Ecuador, el vicepresidente es quien debe ocupar el cargo en caso de una salida temporal o definitiva del presidente, lo que cobra especial relevancia en el contexto actual, ya que Noboa buscará la reelección en el balotaje del 13 de abril contra la candidata izquierdista Luisa González y deberá pedir licencia para enfocarse en la campaña electoral.
El fallo del TCE contra Abad se suma a otras sanciones que recibió desde que asumió el cargo, ya que en 2023, el tribunal ya la había multado con 8.500 dólares por realizar campaña anticipada durante su postulación a la alcaldía de Cuenca, su ciudad natal.
Además, el Ministerio de Trabajo la suspendió de su cargo por cinco meses, aunque una jueza posteriormente revocó esa decisión al considerar que se vulneraron sus derechos constitucionales. Pese a que fue restituida formalmente en sus funciones, Abad no pudo ejercer plenamente el cargo de vicepresidenta debido a las diferencias con Noboa y a la misión diplomática que le fue impuesta en el extranjero.
El distanciamiento entre el presidente y la vicepresidenta se convirtió en un tema de interés nacional, pero hasta el momento ninguno de los dos explicó públicamente los motivos del conflicto. A lo largo de los últimos meses, Abad manifestó que es víctima de persecución política, mientras que el gobierno de Noboa evitó responder directamente a sus acusaciones.
(Con información de Associated Press)
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