El Parlamento de Nicaragua, dominado por el régimen de Daniel Ortega, concluyó el jueves la aprobación de un paquete de reformas a la Constitución que refuerza el control presidencial sobre los poderes del Estado.
Las enmiendas amplían el periodo presidencial a seis años, cambian el cargo de la vicepresidenta, la esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, de 73 años, por el de “copresidenta” y aumentan el control del régimen sobre los medios de comunicación, lo que ha sido muy criticado por la oposición y por organizaciones como la OEA y la ONU.
También facultan a la presidencia para “coordinar” las funciones judiciales y legislativas, le permite ordenar al Ejército que intervenga en apoyo de la policía y autorizan a los agentes de seguridad a ocupar temporalmente cargos del poder Ejecutivo cuando así se les ordene.
Con el nuevo esquema, tanto Ortega como Murillo, los dos “copresidentes”, pueden nombrar un número ilimitado de vicepresidentes, lo que ha generado especulaciones de que uno o más de los ocho hijos de la pareja que viven en el país podrían ser elegidos para el cargo. Varios de ellos ya ocupan puestos en el Gobierno o ayudan a dirigir medios de comunicación estatales.
Las reformas también establecen que cuando alguno de los copresidentes fallezca el otro asumirá el cargo sin mediar elecciones de por medio.
Aprobadas por los legisladores del gobernante Frente Sandinista, que controlan el Congreso, las últimas reformas entrarán en vigor una vez publicadas en el boletín oficial del Gobierno.
“Estos grotescos cambios suponen la sentencia de muerte para el Estado de derecho y las libertades básicas en Nicaragua, destruyendo lo poco que queda de los controles y equilibrios del Poder Ejecutivo”, dijo a Reuters Reed Brody, miembro de un grupo de expertos de Naciones Unidas que ha investigado los abusos contra los derechos humanos en el país.
Ortega, de 79 años, supervisa ahora “un régimen totalmente autoritario”, añadió Brody, que incluye poderes para utilizar al Ejército en tareas policiales y desplegar una fuerza policial denominada “voluntaria” como fuerzas de seguridad adicionales.
Ortega, antiguo rebelde de izquierda, llegó al poder en 1979, cuando derrocó junto con otros guerrilleros a una dinastía familiar de derecha y durante años actuó como uno de los principales antagonistas de Estados Unidos en la época de la Guerra Fría.
Actualmente, se encuentra en su cuarto mandato consecutivo como presidente, tras volver al poder en 2007.
“Tenemos que ir poco a poco dejando claro que el Estado nicaragüense es un Estado revolucionario, le duela a quien le duela”, dijo recientemente el presidente del Parlamento, el diputado sandinista Gustavo Porras, sobre las reformas.
Disuelven otras 10 ONG
El miércoles, el régimen de Ortega canceló la personería jurídica a otras 10 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, con lo que suman más de 5.600 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018.
La disolución de esas organizaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral cinco ONG por incumplimientos a las leyes que los regulan y las otras cinco porque solicitaron su disolución voluntaria.
Las 10 ONG canceladas son la Fundación Chinandega 2001, Club Social de Jinotega, Asociación Cristiana Proeza en Dios, Asociación Comisión para el Desarrollo Rural, Ministerio Evangelístico Internacional Cristo la Cabeza, Twelve Churches, Asociación para el Desarrollo Integral de los Nicaragüenses, Asociación de Promotores de la Cultura, Fundación Sí a la Niñez y a la Juventud, Bridges to Community.
Con el cierre de estas ONG suman más de 5.600 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esos organismos al Estado.
(Con información de Reuters)
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