Crece el rechazo en Bolivia por una disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) que establece el decomiso de productos ante el almacenaje ilegal o el incremento inusual de los precios. Varios sectores económicos, entre ellos gremiales y productores, temen que la norma sea utilizada de manera arbitraria y la consideran un “atentado a la economía”.
Pese a las protestas, la administración de Luis Arce defiende la disposición y asegura que el objetivo es luchar contra la especulación y no castigar a los productores ni vendedores. “El Gobierno nacional, para defender el bolsillo de los bolivianos, ha elaborado normas legales que no buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al buen productor, al buen comerciante; no busca confiscar la mercadería de los hermanos gremiales”, señaló el presidente Arce durante su discurso por el Día del Estado Plurinacional este miércoles.
En paralelo, y ante el creciente rechazo por esta disposición, el Gobierno ha manifestado que la ley no entrará en vigencia hasta que no se elabore un reglamento en consenso con los sectores que se sienten afectados a quienes han convocado a una mesa de diálogo que fue rechazada.
Edgar Álvarez, dirigente de los gremiales en Santa Cruz de la Sierra, aseguró que no creen en la voluntad del Gobierno. “Él (Luis Arce) habla del buen productor, del buen gremialista, del buen comerciante, no entendemos quiénes son los buenos, seguramente los que tienen su cartón azul (en referencia al color del partido oficialista), deben ser los buenos”, manifestó, citado por periódico tarijeño El País.
Los dirigentes de los gremiales tienen prevista una reunión el 30 de enero en la ciudad de Sucre y advierten movilizaciones a partir del 10 de febrero hasta conseguir que la disposición sea eliminada.
La disposición planteada en PGE surge en medio de la crisis económica que enfrenta el país, marcada por la escasez de dólares y el incremento sostenido de los precios de la canasta básica. En los últimos meses de 2024 hubo un aumento significativo en algunos productos básicos, como arroz, pollo o aceite refinado de soya, lo que llevó al Gobierno a tomar algunas medidas que generaron polémica, como el veto temporal de las exportaciones de aceite o la intervención de empresas productoras de arroz para garantizar el abastecimiento del mercado interno a precios justos.
En esa misma línea, se dispuso reforzar los controles en las fronteras debido a que con la crisis cambiaria, se incrementó la venta ilegal de productos a los países vecinos en una práctica que el Gobierno denomina “contrabando a la inversa” y que influye en el abastecimiento y la estabilidad de los precios del mercado local.
Polémica por el presupuesto
La disposición séptima del PGE establece que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
El presupuesto del Estado para este año fue aprobado mediante Decreto Supremo y no por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde debía ser debatido, por desacuerdos entre las bancadas. Finalmente, cuando el plazo para su tratamiento se acortaba, el vicepresidente del Estado decretó receso legislativo con lo que imposibilitó la deliberación de la norma.
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