El exvicepresidente de Ecuador, sentenciado e investigado por corrupción, Jorge Glas, regresó a su celda en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, luego de haber sido evacuado temporalmente el 5 de enero de 2025.
La medida fue tomada por las autoridades en medio de incidentes registrados en el reclusorio, que incluyeron la quema de colchones y periódicos. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), estos hechos formaron parte de “una estrategia para desestabilizar el orden y la paz del país”.
En su comunicado oficial, el SNAI detalló que los protocolos de seguridad se activaron de inmediato, en coordinación con las Fuerzas Armadas, para neutralizar la situación. Como parte de estas acciones, Glas fue trasladado temporalmente a un lugar seguro para garantizar su bienestar e integridad. Más tarde, tras la evaluación correspondiente y el control de los incidentes, Glas retornó a su celda en La Roca.
De acuerdo con fuentes citadas por Ecuavisa, los disturbios habrían sido iniciados por alias Negro Tulio, identificado como cabecilla de la organización delictiva Chone Killers. Las tensiones surgieron, según recogió el medio, debido a problemas relacionados con el acceso al patio del centro penitenciario.
Personal de inteligencia policial confirmó a Ecuavisa que los reclusos iniciaron la quema de colchones como parte del motín, que posteriormente fue controlado con operativos de las Fuerzas Armadas y personal de seguridad penitenciaria.
Sonia Vera, abogada de Glas, expresó su preocupación en redes sociales, calificando el incidente como un atentado contra la vida de su defendido.
“El intento de atentar contra la vida de Jorge Glas en La Roca es el resultado de un Estado que lo ha condenado al peligro, la tortura y la muerte lenta. Su evacuación de emergencia confirma lo que hemos denunciado una y otra vez: están jugando con su vida deliberadamente”, señaló Vera en su cuenta de X (antes Twitter). Vera advirtió que si algo le sucede al ex vice de Rafael Correa, esto será “un crimen del Estado”.
Glas, quien enfrenta una condena de ocho años por casos de corrupción relacionados con su período como vicepresidente entre 2012 y 2016, permanece recluido en La Roca desde abril de 2024. Su ingreso a esta cárcel se produjo tras ser capturado en la Embajada de México en Quito durante un operativo policial. En ese momento, las autoridades argumentaron que Glas debía ser trasladado a una prisión de máxima seguridad debido a su historial judicial y al contexto de violencia carcelaria en el país.
El SNAI reiteró su postura en el comunicado oficial y señaló que no permitirá actos “que atenten contra la estabilidad del país” y que “continuará trabajando firmemente para garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos”.
Las Fuerzas Armadas, por su parte, llevaron a cabo operativos de control de armas, municiones y explosivos en el interior de La Roca, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.
El sistema carcelario aún es un desafío para el gobierno ecuatoriano. En el decreto ejecutivo 493, del 2 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa expidió un nuevo estado de excepción para nueve jurisdicciones incluyendo al sistema penitenciario.
El decreto destaca que los centros de privación de libertad han sido objeto de múltiples incidentes violentos, que el gobierno relaciona con el crimen organizado. Según el informe del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), durante el 2024 se registraron al menos nueve sucesos significativos como atentados contra funcionarios, motines y una evasión.
El decreto menciona textualmente que “la falta de equipamiento, armamento y el déficit de servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (CSVP) ocasionan una desventaja numérica y de equipamiento”, lo que ha impedido un control efectivo en los reclusorios.
Esto ha provocado que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúen interviniendo en el perímetro interno y externo de las cárceles como una medida para garantizar la seguridad.
La violencia dentro de las prisiones se agrava por la falta de control sobre el ingreso de armas y otros elementos ilícitos. En los considerandos del decreto, las instituciones informantes sugieren continuar con los operativos de control de armas, municiones y explosivos. También se indica la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional entre el SNAI, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
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