Pobladores de una comunidad en Bolivia retuvieron a un policía y a un fiscal en rechazo al traslado de un feminicida

Pobladores del municipio boliviano de San Julián, en el departamento de Santa Cruz, retuvieron este jueves por la mañana a un policía y a un fiscal en rechazo al traslado de Richard Rojas Gonzales, el feminicida confeso de Sandra Colque, que fue asesinada por impactos de bala la madrugada del 2 de enero en ese municipio. Tras varias horas detenidos, ambos funcionarios fueron liberados.

Según un reporte del periódico El Deber, los policías de ese municipio se replegaron pasado el mediodía ante la presión de algunos pobladores y dejaron las oficinas cerradas. Los manifestantes señalaron que no confían en la justicia y que el asesino debía cumplir su sentencia en el lugar donde ocurrió el crimen, no en la capital cruceña a donde fue llevado. “Queremos que lo traigan aquí, porque aquí la ha matado. Pedimos justicia y que se le dé la pena máxima”, expresó una mujer justificando la retención de los funcionarios.

En medio de las manifestaciones, el fiscal departamental Alberto Zeballos, pidió a la población mantener la calma y restablecer el orden en la localidad. “Exhortamos al municipio de San Julián a que restablezcamos el orden y la calma que caracteriza a ese municipio. A efectos de garantizar el trabajo que viene efectuando el Ministerio Público, conjuntamente con la Policía Boliviana”, manifestó en conferencia de prensa.

De igual manera, el comandante departamental de la Policía, Rolando Rojas, lamentó la retención de los funcionarios y dijo que las esos actos podrían “perjudicar las investigaciones”.

El feminicidio de Sandra Colque, de 33 años de edad, ocurrió la madrugada del 2 de enero. De acuerdo con los reportes de la prensa local, tuvo una discusión con su concubino, Richard Rojas, pasada la medianoche y se presume que el hombre la golpeó y luego le disparó varias veces con un arma de fuego.

Tras haberla matado, Rojas se trasladó a la casa de sus hermanas, Gladys y Lidia, y les contó lo que había hecho. Las dos mujeres llevaron al feminicida a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia para entregarlo a las autoridades.

El caso causó conmoción entre los pobladores que amenazaron con linchar al autor confeso, por lo que las autoridades policiales dispusieron su traslado a Santa Cruz de la Sierra con el objetivo de garantizar su seguridad.

“Tras conocer el hecho, realizamos todas las diligencias necesarias, como la recolección de declaraciones de testigos, el secuestro del arma utilizada y la autopsia médico forense, que determinó como causa de muerte un traumatismo cráneo encefálico con hemorragia interna. El acusado reconoció su culpabilidad y solicitó acogerse al procedimiento abreviado”, explicó el fiscal Zeballos.

Este viernes por la mañana, la Justicia lo condenó con la pena máxima: 30 años de prisión sin derecho a indulto que deberá cumplir en la cárcel de Palmasola. En medio de los cuestionamientos al sistema judicial en Bolivia, el Ministerio Público manifestó su compromiso de actuar con celeridad y firmeza en casos de violencia de género.

El asesinato de Sandra C. constituye el primer feminicidio del año en Bolivia. En el 2024 se registraron 84 casos, tres más que el año anterior, con una mayor incidencia en el departamento de La Paz. De acuerdo con un reporte de la Fiscalía, el 89% de los feminicidas se encuentran recluidos en centros penitenciarios cumpliendo sentencias o detención preventiva.

En la última década hubo un promedio de 107 feminicidios por año, pese a la existencia de una ley (2013) que protege a la mujer de hechos de violencia y establece la máxima condena en casos de feminicidio, muchos de los cuales son el último eslabón de una cadena de hechos de violencia que no son oportunamente atendidos por la justicia.