
El juicio que enfrenta la ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, por la denominada masacre de Senkata entró a su etapa final y será re instalado el 13 de enero. Se aguarda que el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto dicte una sentencia condenatoria en las primeras semanas de 2025, según informó el ministro de Justicia, César Siles.
“En el caso Senkata estamos en juicio, está avanzando (…), ya se ha producido prácticamente toda la prueba documental, faltará la prueba testifical, pericial y aguardamos que las primeras semanas de enero podamos tener una condena”, informó Siles en entrevista con la Agencia Boliviana de Información.
Junto a la ex presidenta están acusadas otras autoridades, como Arturo Murillo, Fernando López y Víctor Hugo Zamora, que fueron sus ministros de Gobierno, Defensa e Hidrocarburos -que están fuera del país- y otros ex jefes militares y policiales.
La exmandataria está imputada por la comisión del delito de genocidio, por los hechos ocurridos a los pocos días de haber asumido la Presidencia del país tras la renuncia de Evo Morales (2006 – 2019).

El 19 de noviembre de 2019, en la zona de Senkata, de El Alto, las Fuerzas Armadas intervinieron una protesta fuera de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en la zona de Senkata, en El Alto, bajo el amparo del Decreto Supremo 4078 que eximía a los militares de responsabilidades penales por sus actuaciones en el restablecimiento “del orden interno y la estabilidad pública”.
Según la versión oficial que se dio en aquel entonces, grupos afines al expresidente Evo Morales pretendían tomar el predio “para dañar las instalaciones con el uso de explosivos poniendo en peligro a los habitantes de la urbe alteña”, decía un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa. Sin embargo, esta intención nunca fue demostrada y varios representantes del Movimiento Al Socialismo la negaron sistemáticamente
En esa acción militar murieron diez personas por impacto de bala, según confirmó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La ex presidenta podría enfrentar una condena de 30 años de prisión por este caso que está siendo juzgado por la vía ordinaria. Actualmente Añez encuentra detenida en una cárcel de La Paz por el caso Golpe de Estado II y cumple una condena de diez años, luego de que la Justicia dictaminara que su llegada a la Presidencia fue inconstitucional y no una sucesión legítima.

Polémica por el tipo de juicio
A finales de septiembre, el ex ministro de Justicia, Iván Lima, reveló que la ex presidenta fue llevada a un juicio ordinario -y no de responsabilidades- “por capricho” de Evo Morales.
“Aquí hay un responsable de ese juicio ordinario y ese es Evo Morales”, afirmó el exministro en una entrevista en la radio Erbol, luego de contar que uno de los motivos de su distanciamiento con el ala evista del partido, fue debido a que él presentó una demanda de juicio de responsabilidades por este caso, por considerar que esa era la vía del proceso.
Luego de estas declaraciones, Añez le respondió en su cuenta de X: “Usted no se salva porque contrariamente a lo que ahora dice, hizo exactamente al revés para negar los derechos de una expresidenta y de todos los presos políticos, civiles, policiales y militares, que cumplieron su deber de pacificar Bolivia y proteger al pueblo que el MAS atacó, persiguió y bloqueó sin consideración”.
La revelación del exministro despertó otras críticas entre analistas y periodistas, quienes afirman que devela la politización de la justicia y cómo ésta se somete al poder de turno, y pidieron que se levanten los cargos contra la ex presidenta.
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