La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que observó los recientes comicios judiciales en Bolivia hizo este martes un “llamado enérgico” a completar la elección de jueces para dos altos tribunales que se realizó solamente en algunas regiones en cumplimiento de un fallo constitucional.
En su informe preliminar, la delegación de la OEA llamó la atención sobre la “situación creada” por los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que extendieron su mandato “y que, a través de decisiones, en las que incluso intervinieron, retienen una mayoría” en esa corte.
“La Misión hace un llamado enérgico a todas las instituciones bolivianas a buscar, de manera urgente, una solución que permita concluir con la selección de las y los integrantes pendientes del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) y el TCP, a través de un mecanismo estrictamente apegado a la Constitución” boliviana, señala el documento.
La misión constató que los actores institucionales, políticos y sociales con los que se entrevistó no están plenamente conformes con el actual mecanismo para las elecciones judiciales, pero coinciden en que aunque “no es perfecto”, se debe cumplir con la renovación de los magistrados según lo dispuesto en la Constitución.
También urgieron a que autoridades, políticos y sociedad civil diseñen en conjunto un sistema que “corrija las deficiencias actuales” y garantice “la sostenibilidad de las soluciones adoptadas de aquí en adelante”.
“El modelo vigente ha demostrado sus limitaciones y su evaluación integral debe ser una prioridad ineludible para fortalecer la independencia judicial, la gobernabilidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones del país”, indicó la misión.
Además consideró que lo que se aprenda de la experiencia boliviana puede “servir de referencia para otros países que consideran implementar sistemas similares, evitando así reproducir sus efectos”.
Si se mantiene el actual sistema, la misión sugirió revisar aspectos como tener una ley marco que sistematice toda la normativa referida a los comicios judiciales para “garantizar la transparencia, publicidad, objetividad y meritocracia, limitando la discrecionalidad y reduciendo las posibilidades de interferencia política”.
También consideró importante “replantear” el rol del Legislativo en el proceso de preselección de candidatos y ver la posibilidad de incorporar un “comité técnico especializado compuesto por expertos imparciales” para asegurar que la evaluación se base “en méritos y capacidades”, algo que han pedido varias veces juristas y opositores bolivianos.
El domingo los bolivianos acudieron a las urnas para elegir a 19 de los 26 magistrados del TSJ, TCP, el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura.
Los candidatos fueron previamente seleccionados en el Parlamento nacional, según lo establecido en la Constitución.
Esta elección fue la tercera de su tipo en Bolivia tras las realizadas en 2011 y 2017, que tuvieron una gran cantidad de votos blancos y nulos en rechazo a los procesos considerados en su momento manipulados por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), para elegir a magistrados afines al Gobierno.
Por un fallo constitucional, en esta ocasión las elecciones se realizaron íntegramente solo en cuatro regiones, mientras que en las otras cinco no se pudo elegir a los jueces del TCP y en dos de ellas tampoco a los magistrados del TSJ.
El mandato de los jueces elegidos en 2017 debía terminar a principios de este año, pero en diciembre de 2023 el TCP decidió ampliarlo alegando que se buscaba evitar un “vacío de poder” a falta de las elecciones que no pudieron efectuarse en 2023 por problemas en el Legislativo y numerosas causas judiciales que frenaron varias veces el proceso.
(Con información de EFE)
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