El gobierno de Ecuador anunció una conversión de deuda enfocada en la conservación terrestre y de agua dulce de la Amazonía. Este mecanismo permitirá refinanciar aproximadamente USD 1.530 millones en bonos globales mediante un crédito de USD 1.000 millones, lo que reducirá el servicio de la deuda en más de USD 800 millones hasta 2035, según informó la Presidencia.
Durante el anuncio realizado el 17 de diciembre de 2024 en el Jardín Botánico de Quito, el presidente Daniel Noboa señaló que este proyecto no solo aborda desafíos financieros, sino también ambientales. “Esto es lo justo con el ambiente, con el planeta y con las futuras generaciones; teníamos que hacer que esto funcione”, expresó el mandatario.
El programa creado bajo esta conversión de deuda, conocido como Programa Biocorredor Amazónico (BCA), se enfocará en iniciativas de conservación que incluirán la protección de ecosistemas terrestres y de agua dulce. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, esta operación generará alrededor de USD 460 millones para proyectos sostenibles.
“Este mecanismo no solo mejora nuestra estabilidad fiscal, sino que posiciona a Ecuador como pionero en desarrollo sostenible”, declaró el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, quien agregó que los recursos estarán destinados a iniciativas que beneficien tanto a las comunidades locales como a la biodiversidad de la región.
La operación contó con el respaldo de varias instituciones internacionales, según informó el gobierno. The Nature Conservancy (TNC) y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC) del gobierno de los Estados Unidos participaron activamente en el diseño y financiamiento del proyecto. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportó con una garantía parcial de liquidez, mientras que Bank of America fungió como agente estructurador.
Galo Medina, representante de TNC en Ecuador, destacó que el BCA integra herramientas técnicas y planificación estratégica, junto con la participación de pueblos indígenas: “Este será el primer programa centrado en ecosistemas terrestres y de agua dulce”, explicó Medina.
Los recursos serán administrados a través del Fondo Biocorredor Amazónico, que recibirá un promedio de USD 19 millones anuales durante los próximos 17 años. Toda la información sobre el proceso estará disponible en la página web oficial del programa.
La Amazonía ecuatoriana, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta, alberga más del 10% de las especies de flora y fauna conocidas, según estudios del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio). Este programa, explicó el Ejecutivo, fortalecerá la gestión de 4,6 millones de hectáreas de áreas protegidas y protegerá 1,8 millones de hectáreas adicionales. También se busca conservar 18.000 kilómetros de ríos y mejorar la resiliencia climática.
Esta región desempeña un papel fundamental en la regulación climática global y la preservación de la biodiversidad. Dentro de la zona amazónica ecuatoriana está el Yasuní, una zona protegida de 2.7 millones de hectáreas. Esta reserva fue designada como reserva de la biósfera por la UNESCO en 1989 y es uno de los sitios más ricos en biodiversidad del planeta, según la WCS Ecuador.
Inés Manzano, ministra del Ambiente, indicó que el gobierno busca mejorar la gestión de los recursos naturales, a través de la protección a los bosques y enfatizó en que el trabajo conjunto con las comunidades amazónicas será clave para esta estrategia.
Experiencia previa en conservación
La iniciativa sigue los pasos de un proyecto similar implementado en las Islas Galápagos, que también utilizó la conversión de deuda para financiar actividades de conservación. Estos mecanismos han permitido a Ecuador posicionarse como un referente en la aplicación de soluciones financieras innovadoras para la sostenibilidad ambiental.
En mayo de 2023, durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso, Ecuador anunció el canje de deuda para fortalecer las áreas protegidas de las Islas Galápagos, es decir sus dos Reservas Marinas y el Parque Nacional. Con el propósito de priorizar labores de monitoreo, control y patrullaje para asegurar la integridad de los ecosistemas marinos claves del archipiélago. Las autoridades estimaron que el canje generaría un ahorro de USD 1.100 millones en deuda, que le permitiría invertir USD 450 millones para la protección de las Islas Galápagos.
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