Fiscalía uruguaya pedirá la extradición de Alejandro Muszak tras probar varios delitos en el caso Wenance

El CEO de la fintech Wenance, Alejandro Muszak, pretendía que su negocio en Uruguay fuera una isla y que no se viera afectado por la operativa en Argentina. El 9 de julio de 2023 su teléfono no paró de sonar después de que Infobae informara que la tecnológica dedicada al crédito online para consumo reconoció que estaba reprogramando pagos de intereses. Wenance era acusada de estafa y su principal ejecutivo buscaba evitar que la noticia tuviera un efecto en Uruguay.

Su deseo fue imposible. Quizás por la cercanía entre los dos países, la noticia del default tuvo una repercusión inmediata del otro lado del Río de la Plata y los inversores uruguayos también se comunicaban con pedidos de explicaciones. Luego, el empresario argentino fue denunciado también en Uruguay por unas 600 personas que dicen haber sido estafadas por USD 20 millones.

La denuncia derivó en una investigación en la Fiscalía, que está llegando a su fin, según informó este miércoles El Observador. El fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, comprobó la salida del dinero desde Wenance Uruguay hacia Wenance Argentina, lo que configura el delito de apropiación indebida.

En Uruguay, Wenance otorgaba créditos a través de Welp con exigencias muy bajas. También brindaba préstamos para compras convencionales en casas de electrodomésticos y, principalmente, para adquirir motos.

Los créditos eran financiados por inversores que eran quienes pedían explicaciones cuando explotó la crisis en Argentina. Ellos colocaban su dinero y como contrapartida recibían una cartera de clientes. En teoría, cobraban según sus ganancias por el pago de los intereses de los deudores. La rentabilidad, por tanto, debía ser variable, pero Wenance pagaba una tasa fija.

El fiscal también entiende que existió una estafa porque los inversores fueron captados para invertir en base a condiciones que no eran reales y que se maquillaban otros datos como la tasa real de morosidad. Rodríguez también considera que hay un delito de lavado de activos, que entiende que se cometió desde el momento que se apropiaron del dinero invertido y se lo dispuso en otras empresas.

La Fiscalía entiende que tiene todas las pruebas para argumentar que existieron estos tres delitos y, por tanto, se apresta a pedir la extradición de Muszak y de algunos de sus colaboradores. Así se lo comunicó el fiscal a algunos de los abogados denunciantes, según la información del diario uruguayo.

Para el fiscal quedó demostrado que los trabajadores locales no tenían “control ni dirección de la empresa” y señalaron que todo el poder de decisión estaba en Argentina. Por eso, la Fiscalía pretende que los titulares de la empresa comparezcan ante la Justicia uruguaya.

El CEO de la fintech y otros ejecutivos están presos en Argentina, por lo que recién podrían ser trasladados a Uruguay una vez que se cumplan sus penas. Su abogado en Uruguay, Jorge Barrera, renunció a su defensa.

En el escrito presentado ante la Justicia, los denunciantes afirman que el modelo de negocios de Muszak terminó redundando en un “verdadero esquema Ponzi” o una “estafa piramidal”, agregan. Y lo explican: las actuales inversiones se usaban para pagar viejos rendimientos y luego las inversiones futuras servirían para cubrir los intereses de las actuales.

Antes de declarar en Uruguay, Muszak intentó llegar a un acuerdo con los inversores del país. Incluso su entonces abogado lo planteó en la audiencia. “¿Todos ustedes están en los grupos de conversaciones con Muszak?”, les consultó, cuando todavía las posibilidades de llegar a un acuerdo eran reales. Pero, por entonces, faltaban algunos episodios para esa historia, que terminarían de frustrar las negociaciones. Un grupo de inversores se presentó ante la Justicia concursal y un juez designó que la Liga de Defensa Comercial intervenga como co administradora de la empresa.