El Fiscal Nacional chileno reconoció reuniones con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, investigados por tráfico de influencias

Siguen saltando las esquirlas tras la bomba en que se ha convertido el Iphone 14 del abogado Luis Hermosilla, el que dio pie al ‘Caso Audios’ y ha salpicado a ministros de la Corte Suprema, empresarios, políticos, y que ahora le abre un flanco nada menos que al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien la mañana de este miércoles admitió haberse reunido -por separado- con Hermosilla y el ex hombre fuerte de la derecha, Andrés Chadwick, a poco de asumir en su cargo.

Hermosilla está actualmente en prisión preventiva, acusado de delitos tributarios, soborno y lavado de activos, y Chadwick será citado a declarar pronto como imputado en el ‘Caso Audios’, tal como ya lo confirmó la fiscal Lorena Parra.

La máxima autoridad del Ministerio Público reconoció además haberle pedido trabajo a Chadwick en la Universidad San Sebastián, acusada de ser caja pagadora de la derecha con fondos públicos y en la que hizo clases durante tres meses.

Por la tarde, el máximo persecutor chileno dijo estar “arrepentido” de dichas reuniones, las que tildó de “informales”, y que de haber sabido en los pasos que andaban Hermosilla y Chadwick, no las habría tenido. También dijo que Hermosilla le pidió evaluar un procedimiento abreviado en la causa contra el ex director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa - cliente suyo -, pero que se negó a ello.

Debido a todo eso, Valencia se allanó a inhabilitarse en el “Caso Audios”, aunque aseguró que dicha decisión no depende solo de él.

Reacciones

Sus declaraciones de inmediato levantaron una polvareda y el primero en pedir su renuncia fue el diputado socialista, Jaime Naranjo: “(Valencia) ha tenido siempre vínculos muy estrechos y cercanos con los sectores de derecha: nadie lo puede negar, está en su derecho hacerlo, pero creo que las revelaciones que hemos conocido por parte de él y otras situaciones anteriores lo han dejado en una situación bastante incómoda y cuestionable”, señaló, según consignó Emol.

“Por consiguiente (...) debiera inhabilitarse e incluso iría más lejos (...) yo lo llamaría a dar un paso al costado para evitar cualquier acto de confusión. Creo que por la situación de corrupción que hoy día vive el país, por el cuestionamiento que tienen las instituciones, creo que lo más correcto, lo más prudente es que el fiscal nacional, ya que ha reconocido estos lazos, esta cercanía con estas personas, por el bien del país debiera dar un paso al costado e incluso presentar su renuncia”, subrayó.

Sin embargo, parlamentarios de su misma tienda política pusieron paños fríos al asunto. Leonardo Soto, también socialista, aseguró que “no es un delito conversar con Hermosilla, sobre todo entre abogados de la plaza en esa época. El asfalto y la línea roja es sin duda venderle el alma al diablo, es decir, ofrecerle favores a la red de Hermosilla-Chadwick”.

Según Soto, “nada de eso hasta el momento aparece que haya hecho Valencia o la otra fiscal. Y lo que hay básicamente es la entrega a gotas de audios respecto de ellos con una finalidad que es bastante obvia, una estrategia procesal para poder descalificar a los fiscales que están persiguiendo la corrupción. Esta es una maniobra que facilita la impunidad de la red de Hermosilla-Chadwick, porque la conducta y los actos del fiscal nacional y de la fiscal Parra desmienten lo que quieren afirmar en los audios. Ellos han sido persecutores con un delito gravísimo y eso por lo menos nosotros nos da mucha tranquilidad”.

En tanto, el diputado Andrés Longton (RN) arguyó que tanto Luis Hermosilla como Ángel Valencia “eran abogados, uno no puede condenar de por sí las relaciones humanas que pueden haber en un contexto además profesional o en otro ámbito de por sí, uno no tiene por qué saber que el día de mañana una persona puede eventualmente cometer delitos, sobre todo cuando está en el desempeño de una actividad profesional”.

¿Qué dijo el Gobierno?

Desde el Gobierno también fueron cautos. El ministro de Justicia, Luis Cordero, razonó: “El fiscal nacional es un reconocido especialista en materia penal. Él integró la unidad coordinadora de la reforma judicial penal, era abogado que ejercía la profesión (...) yo creo que ha sido bien explícito en relación a la información que ha entregado no sólo ahora, sino con anterioridad a las conversaciones que tuvo. Si eso tiene incidencia o no, en relación a una causa de inhabilidad respecto a una decisión específica, es un asunto que le corresponde evaluar a la autoridad en cada caso particular”.

“Hay que tener cuidado con hacer juicios respecto de las personas cuando sus trayectorias profesionales anteriores explican el cargo que actualmente desempeñan”, remató.