En medio de una crisis ambiental sin precedentes en Bolivia, en la que al menos siete millones de hectáreas se quemaron por incendios forestales provocados en cuatro meses, el ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, cedió ante un grupo de pobladores del departamento del Beni que pidieron flexibilizar la prohibición de quemas y reducir las penas por incendios.
La decisión generó el rechazo de varios sectores que piden su renuncia y acusan de hipocresía al Gobierno en la lucha contra el desastre ambiental. En un contacto con el Ministerio de Medioambiente en busca de explicaciones, un funcionario dijo que “no hay tal acuerdo”.
Sin embargo, el documento firmado por el ministro y dirigentes campesinos el 28 de septiembre, se publicó en medios de prensa local. En ese texto se lee que tuvieron una reunión en el municipio San Borja, en Beni, en la cual el Gobierno se comprometió a “modificar” los decretos 5203 y 5225, con lo que los campesinos levantaban un bloqueo de caminos pero advertían con “medidas drásticas” si había incumplimiento del acuerdo.
Los decretos a los que hace referencia el entendimiento tienen que ver con la lucha contra los incendios forestales y fueron emitidos entre el 21 de agosto y el 11 de septiembre de este año ante la magnitud de la emergencia ambiental. El primero subía la multa por las quemas ilegales y el segundo declaraba “pausa ambiental” indefinida, con lo que se suspendían y revocaban todas las autorizaciones de quema. Respecto a la segunda norma, el acuerdo con los campesinos establece “regionalizar” el decreto para que no sea aplicable en todo el país.
En Bolivia existe la tradición de quemar la tierra previo a los cultivos agrícolas en una práctica que se denomina “chaqueo” y que muchas veces se sale de control, especialmente en época de sequía.
Tras darse a conocer el acuerdo entre el ministro de Medioambiente y los campesinos del Beni, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) emitió un comunicado en el que advierte que “el Gobierno transa el patrimonio nacional a cambio de apoyo político” y que incurre en una “contradicción” con sus obligaciones constitucionales. Al finalizar el documento, exige que el Gobierno no modifique los decretos emitidos para evitar la expansión del fuego.
Otras voces críticas lamentaron estos acuerdos. “Es inaceptable que en medio de una tragedia nacional, donde los incendios han destruido millones de hectáreas, el ministro prometa indulgencias a los responsables,” afirmó la senadora y activista Cecilia Requena.
Dos días después de firmado el acuerdo, el Gobierno emitió una declaratoria de “desastre nacional” por los incendios, admitiendo que la magnitud del fuego escapa a las capacidades técnicas del país para sofocar el fuego. La medida permite por un lado la movilización de recursos económicos en las instituciones públicas y el arribo de más cooperación internacional para atender la emergencia.
En un video publicado en redes sociales, Requena calificó como un acto de “hipocresía” que el Gobierno declare desastre nacional y por otro lado negocie con campesinos “una especie de excepcionalidad, llamada regionalización, para aprobar quemas”. La senadora advirtió que la región enfrenta una sequía severa y que los chaqueos fácilmente pueden salirse de control y afectar dos áreas protegidas que están cerca, como el Madidi y Pilón Lajas.
Por su parte, la senadora Andrea Barrientos manifestó que el ministro Lisperguer “es muy imbécil, no tiene idea de lo que hace, es un tipo demasiado descalificado. A mí me parece que debería de renunciar, no tiene idea de qué es medioambiente y en ese contexto es imposible poder trabajar”, declaró ante la Agencia de Noticias Fides (ANF).
Los incendios en Bolivia iniciaron el 2 de junio y tras cuatro meses consumieron 6,9 millones de hectáreas, una superficie equivalente a la de Irlanda, de las cuales 4,6 millones corresponden a bosques y 2,3 millones de hectáreas son pastizales, según el último reporte del Gobierno. Los departamentos más afectados son Santa Cruz y Beni, en el oriente del país. A inicios de octubre, habían al menos 40 incendios forestales activos en el departamento de Santa Cruz.
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